El ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti, justificó hoy la necesidad de aprobar un nuevo plan de ajuste con la "aceleración dramática" de la crisis y dijo que "o se hace la revolución o se hacen las reformas".
Tremonti compareció en rueda de prensa junto a los ministros Roberto Calderoli, de Reformas Institucionales, y Maurizio Sacconi, de Trabajo y Políticas Sociales, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El Gobierno italiano aprobó un nuevo plan de ajuste de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
El titular de Economía anunció la llamada "contribución de solidaridad", que grava con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta y con una duración de tres años a partir de 2011.
Tremonti aseguró que el decreto ley fue una imposición del Banco Central Europeo (BCE) como condición para la compra de deuda pública italiana.
El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido". Por su parte, el ministro de la Liga Norte, Roberto Calderoli, se refirió a la reducción de los costes de la política y dijo que es necesario recortar el número de parlamentarios y especificar las funciones de Senado y Cámara de Diputados para así reducir los gastos de la actividad legislativa.
En cuanto a los sueldos de los parlamentarios, Calderoli afirmó que se aplicará la llamada "contribución de solidaridad", y además se gravará con un 20 por ciento a los que superen los 150.000 euros anuales. Calderoli recordó que el Gobierno apuesta por "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.
El ministro calculó que entre 29 y 35 provincias italianas pueden desaparecer con lo que se eliminaría el 50 por ciento de consejeros y asesores provinciales.
En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro. Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 87.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.
En su intervención, Sacconi anunció que, en consonancia con los solicitado por el BCE, el decreto ley contempla la flexibilización del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido. Comentó que la jubilación, hasta ahora establecida en los 65 años en el caso de los hombres y en los 60 en el de las mujeres, pasará a los 67 años en los próximos cinco años, y que en 2050 podría elevarse a los 70.
El decreto ley contempla además un incremento en el gravamen sobre los rendimientos financieros, del 12,5 al 20 %, subida de la que quedan exentos los títulos de deuda pública, subrayó Tremonti.
El texto incluye el endurecimiento de la lucha contra la evasión fiscal con medidas como las sanciones por no emitir factura y la obligación de utilizar sistemas de pago que dejen constancia en operaciones sujetas al pago del IVA que superen los 2.500 euros. Está previsto que el ajuste alcance los 20.000 millones de euros en 2011 y 25.000 millones en 2013, en una actuación que obtendrá los recursos principalmente de los recortes del gasto, según Tremonti.
Con este nuevo paquete de medidas el objetivo del Gobierno es el de pasar de un déficit del 3,9 %, previsto para este año, a entre el 1,5 y el 1,6 % en 2012, paso previo a un equilibrio de las cuentas en 2013.
El Gobierno italiano se ha comprometido además a introducir la obligación de cerrar el ejercicio con un equilibrio en las cuentas en la Constitución.
