Los diez etarras confesos que son juzgados en París provocaron hoy un incidente para ser expulsados cuando el fiscal iba a iniciar su requisitoria, en la que solicitará las penas para cada uno de ellos. Los acusados, entre los que destacan algunos de los ex jefes militares de ETA, y en particular Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", dieron la espalda al Tribunal de lo Criminal de París en el momento en que iba a comenzar a hablar el fiscal, Jean-François Ricard, lo que llevó al presidente a anunciar automáticamente su expulsión.
"Entiendo que no quieran escuchar cosas que molestan", fue la primera reacción de Ricard, que aunque reconoció que no esperaba esta salida, se mostró "totalmente satisfecho" porque con su acción pusieron en evidencia su posición pese a todas las declaraciones de la organización terrorista."Los que estaban en el banquillo", hizo notar, "no se han movido un milímetro" de su actitud de "extremismo completo", un comportamiento que no es el de todos los miembros de la banda.
Antes de ser expulsados, una de las encausadas, Itziar Plaza, había leído una declaración en nombre de los diez para denunciar el archivo por la Fiscalía de Toulouse de la investigación por el caso del etarra Jon Antza, que murió en mayo de 2009 en un hospital de Toulouse en el que fue ingresado al ser encontrado inconsciente en esa ciudad del sur de Francia.
Plaza, con todos los acusados en pie y vestidos con camisetas con mensajes referidos a ese terrorista fallecido ("Jon Antza asesinado. Estados francés y español, Estados terroristas"), denunció la "cooperación policial" entre España y Francia.
Pero sobre todo insistió en que "Jon Antza fue asesinado" y "probablemente por policías españoles", en alusión a la docena de días, entre el 18 y el 30 de abril de 2009, en que este activista, gravemente enfermo, estuvo en paradero desconocido después de tomar un tren en dirección a Toulouse, donde tenía una cita con otros etarras.
El proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París debe terminar el próximo miércoles, cuando se conocerá la sentencia por los hechos juzgados, en particular el secuestro de una familia de la localidad guipuzcoana de Orio en agosto de 2007 para robarles el vehículo con el que confeccionar un coche bomba destinado a un atentado, finalmente fallido, en Oropesa del Mar (Castellón).
