Las autoridades judiciales y policiales norirlandesas han vuelto a "fallar" a las familias de las 29 personas, dos de ellas españolas, asesinadas por el IRA Auténtico en 1998 en Omagh, después de que la fiscalía retirase hoy los cargos presentados contra el irlandés Seamus Daly por ese acto terrorista.
"Nos sentimos extremadamente decepcionados. El sistema judicial, policial y la fiscalía nos han fallado. Era, posiblemente, la última oportunidad que teníamos para obtener justicia", declaró Michael Gallagher, cuyo hijo Aiden, de 21 años, murió en la explosión de la bomba colocada por el IRA Auténtico en pleno centro de la citada ciudad norirlandesa el 15 de agosto de 1998.
Las víctimas esperaban ver en la cárcel a alguno de los responsables del atentando más sangriento del conflicto norirlandés, por el que aún no hay culpables 18 años después.
Aquella fue la macabra tarjeta de presentación de este grupo disidente del inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), escindido tras la firma ese año del acuerdo de paz del Viernes Santo, un texto que puso fin a un conflicto que causó en casi 30 años más de 3.500 muertos. La fiscalía norirlandesa había anunciado en febrero de 2015 que tenía evidencias sólidas para procesar a Seamus Daly.
No obstante, durante vistas posteriores la defensa del sospechoso logró crear dudas respecto a las pruebas, en concreto sobre la credibilidad del principal testigo de la acusación pública, el irlandés Denis O'Connor, cuyos testimonios contradictorios acabaron por tumbar este proceso.
"Este era un caso difícil, pues se construyó a partir de las declaraciones de un individuo que parece que fue incapaz de superar las pruebas necesarias para enviar a alguien a la cárcel", explicó hoy Gallagher a los medios.En su opinión, la fiscalía o el juez "no tenían otra opción" que dejar a Daly en libertad, una decisión, dijo, "con la que, por desgracia, estoy de acuerdo".
DALY PUESTO EN LIBERTAD
Daly, de 45 años, fue detenido en abril de 2014 y acusado de 29 cargos por homicidio, además de por otros dos cargos ligados a la explosión en Omagh y dos más por un artefacto colocado en la localidad norirlandesa de Lisburn en abril de 1998.
Hasta su puesta en libertad, ha permanecido encarcelado en una prisión de alta seguridad de la provincia británica y compareció en persona el pasado mes ante el tribunal que debía decidir si había pruebas suficientes para iniciar un juicio.
En 2009, Daly ya fue hallado responsable de la matanza de Omagh por un tribunal civil en una demanda presentada por el grupo de familias de Gallagher y le obligó a pagar una compensación económica a las víctimas del atentado. No obstante, la Justicia de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda no han castigado aún por la vía penal a sus responsables.
Solo el norirlandés Sean Gerard Hoey fue acusado por el asesinato de las 29 personas en Omagh, pero fue absuelto en 2007 por irregularidades en la investigación desarrollada por la Policía norirlandesa (PSNI).
Ante la falta de avances por la vía penal, familiares de las víctimas ganaron en 2009 la demanda civil, en la que los tribunales apuntaron como responsables de la tragedia a Daly y a otros tres hombres, que fueron obligados a pagar una compensación de 1,5 millones de libras (1,8 millones de euros).
DOS VICTIMAS ESPAÑOLAS
Los dos españoles que murieron en el atentado de Omagh fueron el niño Fernando Blasco Baselga, de 12 años, y la monitora Rocío Abad, de 29, que participaban en un curso de verano. "Ahora tendremos que revaluar la situación y analizar con nuestro equipo legal cuál es la mejor manera de seguir avanzado", afirmó hoy Gallagher.
El pasado año, el Tribunal Superior de Belfast dictaminó que las familias podrán impugnar ante la Justicia norirlandesa la negativa del Gobierno británico a establecer una investigación pública sobre el atentado. Gallagher había solicitado a esa instancia judicial, en nombre de varias familias de las víctimas, una revisión de la decisión adoptada por Londres en septiembre de 2013.
Entonces, la ministra británica para Irlanda del Norte, Theresa Villiers, descartó establecer una comisión de investigación al considerar que no había elementos suficientes para que el Estado respaldase el comienzo de unas pesquisas.
