El presidente de Brasil, Michel Temer, arremetió hoy contra uno de los empresarios que le acusa de corrupción y cuestionó la validez de la grabación "fraudulenta" que le mantiene contra las cuerdas.
Temer insistió en su inocencia y pidió al Supremo la suspensión de la investigación abierta contra él por los supuestos delitos de corrupción y obstrucción a la Justicia.
El instructor del caso Petrobras en el Supremo, Edson Fachin, decidió enviar al pleno de la máxima corte el análisis de la solicitud realizada por Temer y podría ser votado el próximo miércoles por los jueces del tribunal.
La investigación fue solicitada por la Fiscalía y tiene como base la confesión realizada por uno de los dueños de la empresa cárnica JBS, Joesley Batista, quien proporcionó como prueba la grabación de una conversación que implica a Temer.
No obstante, peritos contratados por medios locales afirmaron que la grabación fue editada antes de ser entregada a la Fiscalía, aunque la parte más polémica, en la que supuestamente da aval para comprar el silencio de un diputado preso, no habría sido modificada.
"Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos", subrayó el mandatario, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo.
Fachin determinó que sea realizada una pericia de la grabación, mientras que el Fiscal General, Rodrigo Janot, defendió la continuidad de la investigación, ya que, a su juicio, el objetivo de ella es analizar los hechos.
En un tono duro, Temer insistió en que no cometió ningún delito, que "nunca compró el silencio de nadie" y no obstruyó a la Justicia, como apunta la Fiscalía, y lamentó los "días de incertidumbre que vive Brasil".
Esa incertidumbre ha comenzado a debilitar el apoyo del Congreso -del que Temer siempre presumió- y ha golpeado a su propia base aliada, que este sábado sufrió una fisura con la decisión del Partido Socialista Brasileño (PSB) de pasar a las filas de la oposición.
El PSB, partido al que pertenece el ministro de Minas y Energía -que no ha anunciado si sigue o deja el cargo-, asumió el discurso defendido en los últimos días por la oposición y sugirió la renuncia de Temer, en el poder de manera efectiva desde el pasado 31 de agosto, cuando Dilma Rousseff fue destituida.
El ministro de Cultura, Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (PPS), dejó el cargo esta semana descontento con la postura de Temer. La formación dio marcha atrás: aseguró que se apartó del Gobierno en términos políticos, pero precisó que seguirá apoyando las reformas económicas.
La presión contra Temer ha sido creciente y el diario O Globo, el mayor periódico de Brasil, pidió abiertamente en una editorial la salida del jefe de Estado, a quien Batista acusa de recibir sobornos desde 2010.
Temer contraatacó hoy y responsabilizó a Batista de lucrarse y ganar millones de dólares al vender acciones de su empresa y comprar dólares la víspera del escándalo, consciente de la fuerte depreciación que sufriría el real y la caída que experimentarían los papeles de su empresa.
Para Temer, el dueño de JBS cometió el "crimen perfecto", "engañó a los brasileños" y ahora "vive en Estados Unidos".
"El autor (de la grabación) está libre y suelto, paseando por Nueva York, y Brasil, que ya había salido de las más grave crisis económica de su historia, vive ahora días de incertidumbre", dijo.
Batista, agregó el presidente, "no ha pasado un solo día por la cárcel" y no ha sido juzgado después de "obtener préstamos millonarios" del banco de fomento "para hacer avanzar sus negocios".
En una entrevista publicada por O Estado de Sao Paulo, Temer dijo que fue víctima de un plan armado por "bandidos que saquearon el país" y "que quieren salir impunes".
Joesley y su hermano Wesley firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia a cambio de una reducción de posibles condenas y sus confesiones han salpicado a cientos de políticos de todo el arco partidario, incluidos Temer, Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los empresarios, sin embargo, no consiguieron cerrar un pacto de lenidad. La Fiscalía había solicitado el pago en diez años de 11.000 millones de reales (unos 3.384 millones de dólares), equivalente al 5,8 % de la facturación obtenida por el grupo en 2016, pero la defensa de J&F, controlador de JBS, ofreció 1.000 millones de reales (unos 307 millones de dólares).
