Nicolas Sarkozy ha conseguido una victoria judicial con una decisión que no sólo obliga a retirar las conversaciones que se habían publicado de las grabaciones que le hizo su exconsejero Patrick Buisson cuando era presidente, sino que pretende disuadir a quienes quisieran hacer públicas otras nuevas.
El Tribunal de Gran Instancia de París, ante el que Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, se habían querellado para que actuara por el procedimiento de urgencia, impuso a Buisson el pago de 10.000 euros a cada uno de ellos por haber violado su intimidad al grabarlos sin su consentimiento.
El tribunal consideró al que fuera uno de los principales consejeros del anterior jefe de Estado francés durante su mandato (2007-2012) responsable de la divulgación de esas conversaciones porque aunque se las hubieran sustraído y no fue él quien las dio a la prensa, existían por su culpa.
Los jueces también instaron al sitio de información "Atlantico", que puso en línea una decena de minutos de las numerosas horas de grabaciones, a que las retire bajo la amenaza de una sanción de 5.000 euros diarios.
"EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS"
"Espero que todos escucharán este mensaje", señaló Richard Malka, uno de los abogados de Sarkozy, en un mensaje dirigido a quienes estuvieran tentados a sacar otros fragmentos que pudieran ser más comprometedores para su cliente que los ya conocidos, con los que no ha salido políticamente mal parado.
Malka insistió en que "esta decisión dice que el fin no justifica nunca los medios", "protege la vida privada" y "va en la línea de una democracia moderna" porque "nuestros ciudadanos no pueden vivir bajo la amenaza de ser grabados continuamente".
"Es una decisión que nos da plena satisfacción", subrayó Thierry Herzog, otro de los letrados de Sarkozy, que hizo hincapié en que los jueces habían hecho prevalecer la idea de que "esas grabaciones se hicieron sin el consentimiento" del expresidente conservador y de su mujer.
El cofundador de "Atlantico" Jean-Sébastien Ferjou, avanzó que cumplirán con la retirada, pero también que van a recurrir en nombre de la libertad de información.
Ferjou justificó ese próximo recurso porque según su análisis su medio había "respetado la privacidad" de la pareja Sarkozy-Bruni al hacer una criba y poner en línea sólo una decena de minutos de las varias horas de grabaciones disponibles, con la exclusión de fragmentos que tienen un carácter personal.
Además, criticó que los magistrados hayan tenido en cuenta únicamente el derecho a la privacidad y no "el derecho legítimo a ser informados" porque, más allá del "absurdo" de que no se van a poder borrar de internet los múltiples rastros que han dejado las conversaciones divulgadas, a su parecer hay un interés público.
En concreto, los diálogos puestos en línea entre el anterior presidente, su esposa y varios miembros de su gabinete ponen en evidencia que eran objeto de grabaciones masivas por parte de Buisson, que podía utilizarlas como "medio de presión" y "seguro de vida".
Este exconsejero que en el pasado estuvo ideológicamente cerca de la extrema derecha, y que fue uno de los principales diseñadores en 2007 la estrategia de "derechización" de Sarkozy para marginar electoralmente al Frente Nacional (FN), ha perdido el control de las grabaciones, ya que se publicaron sin su aval, sin que se sepa quiénes por ahora las pueden tener en su poder.
Para el líder conservador, que lleva tiempo preparando su vuelta a la política activa, los extractos divulgados de las conversaciones no han sido dañinas, ya una buena parte eran comentarios en broma y sin gran alcance. Pero eso no excluye que se puedan conocer en el futuro otras que sí lo sean.
Además, Sarkozy afronta diferentes investigaciones judiciales empezando por la que ha centrado la atención política en los últimos días, y que tiene que ver con unas escuchas, pero en ese caso decididas por los jueces instructores.
Se trata de los pinchazos de sus teléfonos en los últimos meses por los magistrados instructores que tratan de aclarar una posible financiación de su campaña de 2007 con el dinero del derrocado líder libio Muamar el Gadafi, y que dieron lugar a la apertura de una investigación judicial el mes pasado.
