Rumanía inicia, con la jornada de reflexión de hoy, la cuenta atrás para las elecciones presidenciales de este domingo, en las que se augura la clara victoria del primer ministro del país, el socialdemócrata Victor Ponta, frente al candidato liberal Klaus Iohannis.
Más de 18 millones de rumanos podrán ejercer su derecho a voto para elegir al sucesor de Traian Basescu, quien termina su segundo mandato como presidente.
De los 14 candidatos a la Jefatura de Estado, sólo dos tienen posibilidades, según las encuestas, de llegar al Palacio Cotroceni, la sede presidencial, y de ellos se espera que pasen a segunda ronda si no logran el 50 por ciento de los votos este domingo.
Victor Ponta, el líder socialdemócrata que aspira a convertirse en el presidente más joven de la historia de Rumanía a sus 42 años, cuenta con una intención de voto que oscila entre el 40 y 43 por ciento, mientras que Iohannis ronda el 30 por ciento.
La contienda electoral se ha visto salpicada por varias actuaciones de la Fiscalía anticorrupción que afectan a los principales candidatos.
Horas antes del cierre de la campaña, Ponta declaró: sólo "se han oído dos voces: la mía y la de la justicia", en alusión a sus populosos mítines y a las decenas de arrestos llevados a cabo en las últimas semanas por la Fiscalía anticorrupción.
Recientemente, Ponta tuvo que cesar a varios de sus colaboradores más próximos, entre ellos a su jefe de campaña y también a su propio suegro, un influyente diputado, ambos acusados de tráfico de influencias.
Para distanciarse de Iohannis, miembro de la minoría alemana protestante, Ponta, perteneciente a la mayoría ortodoxa, adoptó un tono nacionalista de izquierda y religioso.
Los medios de comunicación cercanos al primer ministro lanzaron una campaña contra Iohannis al afirmar que mantiene "vínculos con el tráfico de órganos", es un especulador inmobiliario y pertenece a los servicios secretos alemanes, aunque no aportaron pruebas.
Iohannis, por su parte, prefirió mostrar su lado conciliador y pacificador, que, a su juicio, un presidente debe atesorar, e intentó obtener rédito de su gestión como alcalde de la ciudad de Sibiu, recordando durante la campaña que en su mandato no ha estado implicado en ningún caso de corrupción.
Sin embargo, Iohannis incurrió en incompatibilidad de cargos durante esa etapa, pues fue al mismo tiempo alcalde y consejero de la empresa municipal de aguas.
Por ello, cabe la posibilidad de que, aunque venza, no pueda ejercer la presidencia si así lo determina una resolución judicial de la que está pendiente.
La lucha por el tercer puesto abre una incógnita que puede hacer que la balanza se incline hacia el lado de Ponta o de Iohannis, si ambos se enfrentan en una segunda ronda dos semanas después.
Detrás de ellos se encuentran Elena Udrea, exministra de Turismo y protegida del presidente saliente, cuyos votantes podrían decantarse por Iohannis en una eventual segunda vuelta.
Esta candidata tampoco es ajena a la corrupción: está implicada en una concesión ilegal de contratos millonarios y aparece en unas polémicas fotografías paseando por París en compañía de la jefa de la Fiscalía contra el crimen organizado.
Más cercano a Ponta es el candidato independiente Calin Popescu Tariceanu, primer ministro entre 2004 y 2008 y que tendría, al igual que Udrea, entre un 6 y un 8 por ciento de los apoyos, según las estimaciones.
La desafección de los rumanos hacia la elite política sigue siendo importante a causa de las políticas de austeridad impuestas en 2009 y a los escándalos de corrupción que sacuden a altos cargos, lo que hace temer a los analistas que la afluencia a las urnas se sitúe en cerca del 60 por ciento.
Con estas elecciones, las séptimas desde la caída del régimen comunista en 1989, Bucarest pretende cerrar varios años convulsos en los que la política rumana vivió un ambiente de fuerte crispación por los enfrentamientos entre la presidencia de Basescu y el gobierno de Ponta, lo que generó inquietud en el seno de la Unión Europea.
El presidente en funciones, gran enemigo político del primer ministro, llegó a acusar a Ponta en plena campaña de que durante sus años como fiscal trabajaba simultáneamente como agente de los servicios secretos, algo incompatible conforme a la Constitución.
De acuerdo con la Carta Magna rumana, el presidente tiene ciertas atribuciones en la toma de decisiones en política exterior y defensa, además de ser el responsable de designar el primer ministro y los jefes del Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los servicios secretos.
