Japón rebajará mañana las restricciones de acceso a dos municipios en la zona de exclusión en torno a la central de Fukushima, en un plan que, poco más de un año después del accidente nuclear, busca el regreso paulatino de parte de los evacuados.
La medida afectará a las localidades de Tamura y Kawauchi, que en marzo de 2011 vieron cómo parte de su demarcación municipal quedaba dentro del área de exclusión decretado alrededor de la maltrecha planta atómica de Daiichi, dañada por el devastador tsunami que golpeó la zona.
A partir de mañana, los vecinos de estos dos pueblos podrán visitar sus casas libremente durante el día, aunque no se les permitirá pernoctar allí y en algunos casos todavía deberán llevar trajes protectores.
Se trata de la primera vez desde que se desató la crisis nuclear que el Gobierno abre el paso en una parte de la zona de exclusión, a excepción de unas pocas visitas controladas de apenas unas horas que permitió a algunos vecinos para recoger las pertenencias que dejaron atrás en su precipitada huida.
La decisión de rebajar las restricciones la tomó anoche un grupo especial de trabajo encabezado por el primer ministro, Yoshihiko Noda, que busca establecer nuevos parámetros de clasificación de las zonas de evacuación según su nivel de radiactividad.
Así, en las áreas en las que la radiación acumulada no supere los 20 milisievert al año, el Gobierno trabajará para que los evacuados puedan regresar a sus viviendas lo antes posible.
En aquellas que presenten hasta 50 milisievert anuales se permitirá solo el acceso restringido, mientras que las que superen ese nivel serán definidas por el momento como de difícil retorno, informó la televisión pública NHK.
Está previsto que el próximo 16 de abril las restricciones se levanten también en los barrios de otra ciudad, Minamisoma, que a su vez quedaron dentro del área de exclusión tras el accidente en Fukushima Daiichi.
Se calcula que la medida permitirá que accedan a sus casas cerca de 16.000 de los 80.000 evacuados en la zona de exclusión de 20 kilómetros decretada alrededor de la central, que comprendía once municipios.
Pese al permiso, sin embargo, no se una vuelta masiva de los desplazados, ya que muchos prefieren esperar a que las labores de descontaminación que comenzaron a principios de año estén más avanzadas.
Antes del accidente en la central nuclear, la localidad de Kawauchi tenía unos 3.000 habitantes, de los que ahora queda solo cerca del 10 %, mientras el resto se ha desplazado a otros pueblos más alejados de la planta.
El Ayuntamiento de Kawauchi, que el año pasado trasladó sus funciones a otro municipio más alejado regresó esta semana a su edificio original, adyacente al inicio de la zona de exclusión, en un intento de animar a los residentes a retornar.
Pero el temor a la radiactividad sigue siendo alto en la zona, donde a principios de febrero se llegaron a detectar entre 80.000 y 120.000 becquereles de cesio radiactivo por metro cuadrado de tierra, según datos difundidos por la agencia local Kyodo.
Algunos expertos también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la contaminación se acumule en animales a través de la cadena alimentaria, tras detectarse en el municipio gusanos con niveles de cesio de hasta 20.000 becquereles por kilo, frente a los 500 becquereles establecidos como máximo en los alimentos.
En Tamura, el otro pueblo al que mañana podrán regresar sus vecinos, habían quedado dentro de la zona de exclusión un total de 121 viviendas.
Pese a la amenaza de la radiación, en la zona prohibida de Tamura permanecieron estos últimos meses al menos cuatro personas, que se negaron a marcharse ante el delicado estado de salud de dos de ellas, según Kyodo.
Además del miedo a la contaminación, otro de los asuntos que amenaza con entorpecer la vuelta de los desplazados es la gestión de las indemnizaciones que les debe pagar TEPCO, operadora de Fukushima Daiichi, ya que muchos temen que volver a sus viviendas suponga perder su derecho a recibirlas.
Hasta marzo la eléctrica había recibido ayudas públicas por 1,7 billones de yenes (más de 15.000 millones de euros) para hacer frente a las indemnizaciones, y se calcula que necesitará al menos otros 845.000 millones de yenes (unos 7.600 millones de euros) para compensar a todos los afectados.
