El Gobierno griego inicia una semana clave de negociación con sus acreedores, en la que deberá afrontar un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), una complicada subasta de Letras del Tesoro, además de prepararse para el desembolso de salarios y pensiones el próximo día 15.
Tras las especulaciones de los últimos días acerca de una posible solicitud de aplazamiento del pago al FMI, lo que hubiera acercado a Grecia a la quiebra, el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, dejó ayer claro que el pago de los 450 millones de euros se efectuará, tal y como estaba previsto, el jueves.
"Grecia tiene la intención de cumplir todas sus obligaciones frente a sus acreedores para siempre", dijo Varufakis en Nueva York tras reunirse con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Con ello quiso poner punto final a la incertidumbre generada por las ambigüedades alimentadas en este tema por el propio Gobierno de Syriza.
El primer ministro, Alexis Tsipras, había contribuido a este debate al advertir en una carta escrita a sus socios de la eurozona que si Grecia no recibía pronto ayuda debería optar entre cumplir sus obligaciones y pagar salarios y pensiones.
En total, Grecia debe pagar en abril 1.700 millones de euros en salarios y pensiones, de los que la mitad se desembolsaron ya el 1 de abril, y los restantes 850 millones deberán abonarse el próximo día 15. El próximo miércoles, el Estado afronta además una complicada subasta de Letras del Tesoro a seis meses que deberán sustituir 1.400 millones de euros que vencen el próximo día 14.
Si las últimas subastas de Letras ya se presentaron problemáticas, porque el Tesoro hubo de colocarlas a intereses cada vez más altos, ahora se añade el problema de que el Banco Central Europeo (BCE) ha ordenado a las entidades financieras griegas -inversores extranjeros apenas hay- no comprar bonos helenos.
Con esto, el BCE, que había ya dejado de aceptar la deuda griega como aval en las operaciones de refinanciación, ha dificultado aún más el acceso a la liquidez. Desde que el BCE dejara de aceptar los bonos griegos, los bancos ya prácticamente solo pueden financiarse a través de la asistencia de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés).
El pasado martes, el banco central elevó en tan solo 700 millones de euros el límite para la asistencia de emergencia, dejando el techo del ELA en 71.800 millones de euros. Si bien los ingresos fiscales fueron en marzo superiores a lo previsto, como recalcó Varufakis hoy en una entrevista con el diario económico "Naftemporiki", acciones como la del BCE no hacen más que elevar la presión sobre las negociaciones con los acreedores.
En las últimas semanas ha habido quejas por parte de las instituciones que formaban la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) sobre los numerosos obstáculos que ha puesto Grecia en las negociaciones que están llevando a cabo los cuadros técnicos en Atenas.
Las conversaciones en Atenas se están celebrando en hoteles -más que nada por un tema de simbolismo, pues el Gobierno quería evitar las imágenes del pasado de la troika instalándose en los ministerios- pero la lejanía de las fuentes directas de información y la presencia de funcionarios sin capacidad de tomar decisiones, ha dilatado todo el proceso.
En sus declaraciones, Varufakis y Lagarde coincidieron en que debe "mejorar la eficiencia" de las negociaciones, de cuyo éxito depende el desembolso de los 7.200 millones de euros del rescate pendientes.
Mientras que los acreedores parecen aceptar, según filtraciones gubernamentales, la mayor parte de las reformas fiscales propuestas, sigue habiendo un claro disenso respecto a lo que Atenas denomina sus líneas rojas: la reducción de salarios y pensiones, y la flexibilización de los despidos.
El portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, dejó hoy entrever, en declaraciones a la cadena de televisión Mega, un compromiso en el debate sobre las pensiones -la troika exige una cláusula de déficit cero para las arcas de la Seguridad Social- y aunque rechazó la bajada de las prestaciones, señaló que podrían prohibirse ciertas "jubilaciones anticipadas extravagantes".
Según apuntan los medios locales, al Gobierno estaría buscando llegar a un acuerdo en los puntos consensuados y dejar para la posterior negociación los asuntos espinosos.
