Francia ha confirmado hoy que cambiará su legislación para incorporar todas las garantías previstas en la directiva sobre libre circulación de personas de la UE con el objetivo evitar que la Comisión Europea le abra un expediente en relación con las polémicas expulsiones de gitanos rumanos de este verano.
El Ejecutivo comunitario mantenía la amenaza de expedientar a París si, antes del 15 de octubre, las autoridades francesas no se comprometían a ajustar su legislación a la directiva europea. Al margen de esta cuestión menor, Bruselas ha renunciado ya a sancionar a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos, pese al anuncio en este sentido de la comisaria de Justicia, Viviane Reding.
"Para responder a la petición de la Comisión de una mayor transparencia y seguridad jurídica en el marco de la trasposición de la directiva 2004/38, las autoridades francesas están dispuestas a introducir ciertas disposiciones de la directiva en los textos del derecho nacional", ha anunciado un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores galo el día en que vence el plazo.
El portavoz ha precisado en todo caso que los ciudadanos comunitarios expulsados de Francia se benefician ya de hecho de las garantías procedimentales previstas en la normativa comunitaria. "Las autoridades francesas transmitirán a la Comisión los elementos de información necesarios para confirmar que la actuación de la administración, sometida a un control judicial efectivo, es plenamente conforme al derecho europeo", ha explicado.
Esta respuesta de París se inscribe en el marco del "diálogo constructivo" que las autoridades francesas mantienen con el Ejecutivo comunitario sobre este tema desde hace meses, ha resaltado el portavoz.
Una vez recibidas las garantías, Bruselas las estudiará y decidirá si son suficientes para no lanzar un procedimiento de infracción, según ha explicado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Matthew Newman. "Lo que la Comisión quiere está muy claro: la transposición completa de la directiva en la legislación francesa", ha señalado.
También ha dejado claro que no serán suficientes las circulares o decisiones del Consejo de Estado francés o de jurisprudencia, sino que hace falta que el derecho procedimental se incluya en la legislación francesa. Bruselas ha solicitado igualmente a las autoridades francesas un calendario de aplicación de la citada directiva.
El portavoz de Justicia ha justificado la importancia de la trasposición de las normas comunitarias al derecho interno de los Estados miembros para que sean "claras y transparentes" para los ciudadanos. En este sentido, insistió en que lo que se le pide a Francia es "un proyecto de ley y un calendario".
