La Justicia sueca rechazó el recurso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y mantuvo la orden de arresto europea que pesa sobre él desde 2010 por un delito de violación en grado menor, objeto de una investigación preliminar.
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) reafirmó la decisión adoptada hace cuatro meses por una corte de primera instancia y esgrimió motivos similares para no revocar la orden ni autorizar que se celebre una nueva vista, como reclama la defensa de Assange.
El periodista australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 para evitar su extradición a Suecia, sigue siendo sospechoso, hay riesgo de que se fugue para evitar un juicio o una pena y no ha surgido nueva información que justifique cambiar el procedimiento habitual para celebrar una audiencia, sostiene la Apelación.
El fallo restó peso al informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias -que concluyó que el arresto es ilegal e instó al Reino Unido y Suecia a acabar con él-, un dictamen que motivó que la defensa de Assange acudiera a los tribunales suecos en febrero tras no lograr dos años atrás la anulación de la orden.
"En opinión del tribunal no hay impedimento para que Assange pueda interrumpir su estancia en la embajada de Ecuador. No es una privación de libertad y no debe tener importancia en la cuestión de la proporcionalidad", señala el fallo, que estima que el deterioro de su salud debe ser una cuestión para las autoridades británicas.
La corte de Svea admite que la opinión del panel de la ONU debe ser tenida en cuenta por los compromisos internacionales de Suecia, pero que no es legalmente vinculante para los tribunales suecos, un parecer que coincide con el del Gobierno de ese país nórdico.
Apelación admite que hay motivos para revocar la orden: los seis años que el caso lleva abierto y la "anterior pasividad" de la Fiscalía, que hasta marzo del año pasado no accedió a hacer el interrogatorio en Londres por la posibilidad de que prescribieran otros tres delitos menores de los que era sospechoso, como así fue.
Pero el carácter "relativamente serio" del único delito del que aún es sospechoso Assange y el "gran interés público" en la investigación apuntan a mantener la orden, sostiene Apelación, que elogia las "medidas activas" impulsadas ahora por la Fiscalía.
Que haya pasado casi un año y medio hasta que Estocolmo y Quito cerraran una fecha para el interrogatorio -que se celebrará el 17 de octubre- "debe ser atribuido más bien a Ecuador que a las autoridades suecas", sostiene el tribunal.
Suecia y Ecuador abrieron en junio del año pasado una negociación que finalizó seis meses después con la firma de un acuerdo de asistencia legal en materia penal para facilitar el cumplimiento de diligencias judiciales y poder interrogar así al periodista. Tras el rechazo de Quito a la solicitud de Estocolmo por fallo formal, Suecia envió en marzo otra, que resolvió la Fiscalía ecuatoriana hace unos días fijando fecha para el cuestionario.
"En el momento presente el mantenimiento de la orden de detención parece tanto efectivo como necesario para poder hacer avanzar la investigación. Las razones del arresto pesan por tanto más que la intromisión u otros perjuicios que la medida suponga para Julian Assange", concluye Apelación, cuyo fallo es recurrible al Supremo.
El dictamen fue bien recibido por la Fiscalía sueca, que resaltó que se habían tenido en cuenta sus argumentos sobre la gravedad del supuesto delito, el riesgo de fuga y el interés público. "El tribunal comparte nuestra opinión de que mantener la orden en la situación actual es compatible con el principio de proporcionalidad", señaló la fiscal superior, Marianne Ny.
Assange cumplió el pasado 19 de junio cuatro años en la embajada ecuatoriana, en la que se refugió al término de un proceso legal en el Reino Unido, que falló a favor de su entrega a Suecia. El periodista, de 45 años, teme ser enviado después de Suecia a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio militar por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por su portal WikiLeaks.
El proceso contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de ningún cargo, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.
