El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal declaró ilegal el recorte medio del 10% en las pensiones de los funcionarios, forzando así al Gobierno luso a idear otras medidas de ahorro para cumplir con lo pactado con la UE.
Los doce jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, coincidieron por unanimidad que el recorte previsto para el próximo año es contrario a la Carta Magna.
El Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho pretendía ahorrar con esta norma, aplicable a salarios superiores a 600 euros al mes, unos 400 millones de euros, considerados fundamentales para cumplir con las metas de déficit del país para 2013 (5,5%) y 2014 (4% del PIB).
