Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) andaluces dice que la "deficiente gestión" supuso no solo la aparición de intrusos, sino "cuantiosos" intereses y comisiones y el uso de pólizas para pagar facturas.
En un informe entregado a la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la UCO sostiene que las "repercusiones económicas de la deficiente gestión en la concesión de ayudas estriban en que, indiciariamente, en numerosas ocasiones han sido concedidas de manera arbitraria y carente de procedimiento a personas que no deberían haberlas percibido".
Pero además, ha supuesto que "se han pagado comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter" -de hasta el 16,9 por ciento frente a la media del mercado del 3,18 por ciento- debido a que eran las únicas que aceptaban el pago a plazos del coste de las primas, según el informe al que ha tenido acceso Efe.
Al incumplir los calendarios de pago pactados con las aseguradoras, "se generaban cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo por la dirección general de Empleo" de la Junta, hecho "que era conocido y despachado" por el viceconsejero "como jefe de los servicios administrativos de la consejería", añade la Guardia Civil.
El informe hace una valoración de la declaración ante los agentes de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo ya imputado, y recoge que "no ha sido infrecuente que se haya suscrito alguna póliza para solucionar determinado problema económico", como fue el pago de los servicios profesionales del bufete de abogados Garrigues en la tramitación de las ayudas de la empresa ACYCO.
El pago de esa factura de 109.620 euros a Garrigues se hizo efectivo mediante una ayuda a empresa de carácter excepcional abonada a ACYCO en marzo de 2010, que se destinó a un uso diferente del concedido y que "careció de justificación del gasto por parte de la empresa y de fiscalización por parte de la Junta".
La Guardia Civil recoge en su escrito la acusación de Guerrero de que, tras su cese y el "estallido del escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla", se produjo en la Consejería de Empleo "destrucción y ocultación de documentos", lo que explicaría la falta de documentación en los expedientes entregados a los investigadores.
Este informe de la Guardia Civil ha sido entregado a las partes para preparar la declaración que Guerrero realizará el próximo jueves ante la juez Mercedes Alaya, en la primera comparecencia de alguno de los altos cargos de la Junta imputados hasta ahora.
La Guardia Civil recoge también las declaraciones de Guerrero en el sentido de que la forma de concesión de las ayudas investigadas "era un asunto que se trataba de manera frecuente en el Consejo de Dirección" que se celebraba cada lunes en la consejería.
Aseguró que el viceconsejero Agustín Barberá "tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo para la concesión de esa ayuda" y que el consejero y el viceconsejero "nunca pusieron reparos" al procedimiento de pagos cruzados.
En relación con las irregularidades en la tramitación y concesión de las ayudas, Guerrero aseguró a la Guardia Civil que se elaboraron borradores de decretos que eran despachados en el "consejillo", reunión previa al Consejo de Gobierno a la que acudían los viceconsejeros y que presidía Gaspar Zarrías, entonces consejero de la Presidencia.
