La tarifa eléctrica, a la que están acogidos casi veinte millones de hogares y pymes, subirá alrededor de un 3,1 % en octubre tras encarecerse el componente energético, según han indicado a Efe fuentes del sector.
Esta es la quinta revisión de la tarifa este año, después de subir un 3 % en enero, bajar un 6,6 % en abril, repuntar un 1,2 % en julio e incrementarse un 3,2 % de forma extraordinaria en agosto como parte de la reforma energética.
La tarifa eléctrica -tarifa de último recurso (TUR), cuyo nombre se ha cambiado por precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)- se determina mediante una fórmula en la que intervienen tres factores: el precio del componente energético, la parte regulada y los impuestos.
El importe del componente energético para el cuarto trimestre del año se ha fijado en la subasta Cesur celebrada esta mañana, en la que se ha comprado y vendido la electricidad para el suministro a tarifa en ese periodo, y que ha cerrado con un precio un 7,6 % superior al de la puja de julio.
De acuerdo con el operador del mercado eléctrico, Omel, encargado de organizar la subasta, hoy se han adjudicado 2.500 megavatios (MW) de producto base -electricidad para cada una de las horas del día comprendidas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre-, que han cerrado a un precio de 47,58 euros el megavatio hora (MWh), un 0,4 % más caro que en la anterior puja.
Por lo que respecta al producto punta -una especie de suplemento de electricidad para las horas de mayor consumo, entre las 08.00 y las 20.00 horas-, se han adjudicado 352 MW cada hora a 57 euros el MWh, un 3,3 % más caro.
En cuanto al segundo de los componentes de la tarifa, los peajes que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas (distribución, transporte, primas a las renovables, ayudas al carbón, pagos por capacidad e interrumpibilidad, entre otros), el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha reiterado en varias ocasiones que prevé mantenerlos congelados.
De esta manera, con los peajes e impuestos estables y un repunte en el componente energético del 7,6 %, el resultado de la revisión debería situarse en torno a un alza del 3,1 %.
El Gobierno defiende que la tarifa debe depender del mercado y no de la discrecionalidad del Ejecutivo, especialmente después de que en agosto subieran los peajes un 8 % como parte de la reforma energética, que pretende reordenar el sector.
Según los argumentos del Ministerio de Industria, esa subida de los peajes es la contribución de los consumidores a la resolución del déficit de tarifa, que se genera porque los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes y que acumula una deuda que supera los 26.000 millones de euros.
El resto del ajuste de la reforma recae sobre los Presupuestos Generales del Estado y las empresas del sector, fundamentalmente a través de un recorte en la retribución de las actividades reguladas.
Sin embargo, a pesar de la reforma y de las medidas para eliminar el déficit tarifario puestas en marcha a lo largo de los dos últimos años, Industria prevé un desfase de entre 2.500 y 3.000 millones de euros este año.
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) considera que con esta subida "parece claro que los intereses de la industria siguen siendo lo prioritario para una Administración que no vela por los usuarios", al tiempo que critica la "falta de transparencia en la formación de los precios", "la casi inexistente competencia del mercado libre" y los "deficientes servicios de atención al cliente".
