Los notarios consideran positivo que el consumidor tenga que acudir al menos dos veces a la notaría para solucionar todas las dudas que tenga antes de firmar una hipoteca. Desde la Asociación Hipotecaria se espera que el anteproyecto que el gobierno está preparando en el sector acabe con la judicialización del sector, mientras las organizaciones de consumidores creen que se queda corto.
Nadie se opera sin hacerse el preoperatorio. Los notarios son los primeros interesados en que quienes vayan a firmar una hipoteca, acudan previamente a una reunión informativa, gratuita, en la que se solventen todas sus dudas sobre el contrato que les va a ligar a un banco durante gran parte de su vida.
Dispondrán de siete días para recibir asesoramiento del notario que elijan, que estará obligado a informarles si están frente a una claúsula abusiva. En esos siete días, el consumidor deberá acudir al notario, que comprobará que se le ha entregado toda la información obligatoria y que se ha hecho en plazo, al tiempo que responderá todas las preguntar que le plantee y le explicará las cláusulas sensibles del contrato
El prestatario deberá firmar un acta notarial, que será gratuita para el prestatario, en la que pone de manifiesto que conoce toda la información necesaria.
Más tarde, el consumidor acudirá con el banco a la firma del contrato ante notario y tanto este como el registrador no podrán autorizar la firma de la escritura si no se cumplen todas las obligaciones ni si el contrato cuenta con cláusulas consideradas abusivas por sentencias firmes.
Es una de las novedades del anteproyecto de ley, que incluye además que los bancos no podrán obligar a contratar otros productos con la hipoteca, a cambio de un tipo de interés más bajo.
Por ello, desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) se considera que la reforma de la ley es "una magnífica oportunidad para organizar el marco hipotecario", según el presidente de la organización, Santos González, quien señala además que no desaparecerán los paquetes siempre que sean beneficiosos para los usuarios.
La reforma establece requisitos más duros para los desahucios, insuficientes según las organizaciones de consumidores, que consideran que no acabará con la judicialización por claúsulas abusivas y desahucios abusivos y desde Facua señalan que "habría que hacer una modificicación más radical".
La ley facilitará además el cambio de préstamo variable a fijo limitando las comisiones.
