Las grandes empresas piden un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros en cuatro años, un plan eficaz de lucha contra el fraude laboral y una revisión de los umbrales fiscales que pagan las pymes para aumentar de tamaño con el fin de que en 2018 el paro pueda reducirse más de la mitad, al 10,4%. El presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), César Alierta, ha asegurado hoy que España "tiene un gran futuro" y puede colocarse entre las 10 economías más importante del mundo si el Gobierno profundiza en reformas estructurales.
Durante la presentación del informe del Consejo Empresarial para la Competitividad "España 2018", Alierta ha abogado por una "transformación radical de la economía española basándola en la productividad, la educación y la competitividad".
Los grandes empresarios ven posible crear 2,3 millones de empleos en cuatro años si se impulsan una serie de reformas que van desde invertir más en educación, I+D+i, infraestructuras o conocimiento, hasta aumentar el número de inspectores de Hacienda, rebajar las fiscalidad que pagan las empresas por su tamaño o disminuir el gasto público.
No obstante, consideran necesario un ajuste fiscal adicional del entorno del 3 % del PIB (unos 30.000 millones de euros) para bajar los niveles de deuda pública hasta cerca del 90 % en 2018.
Algunas de las medidas que proponen son aumentar la lucha contra el fraude, que supondría una recaudación adicional de hasta 20.000 millones anuales; una mayor racionalización del personal de las administraciones públicas (impacto de unos 5.000 millones) y la activación de un plan de gestión del patrimonio público y de privatizaciones, que conllevaría un ahorro en la deuda de al menos 35.000 millones.
El Consejo Empresarial para la Competitividad también ve conveniente aumentar el tamaño de los municipios a través de fusiones o supresiones, lo que ahorraría cerca de 6.000 millones al año.
"¿Qué voluntad política hay para reducir excesos, redundancias y duplicidades administrativas?", se plantean los grandes empresarios, tras advertir de que "no se trata de parchear sin convicción los desequilibrios existentes".
Según Alierta todas estas medidas son "conseguibles" y harían que España "vuelva a ser un país que sorprenda".
REDUCIR LA TASA DE PARO HASTA EL 10,4% EN 2018
El objetivo es reducir el desempleo y para ello el Consejo Empresarial para la Competitividad cree que con sus medidas podrían crearse más de 2,3 millones de empleos y reducirse la tasa de paro hasta el 10,4 % en 2018.
La lucha contra el fraude laboral podría hacer aflorar unos 800.000 nuevos empleos y aumentar la recaudación en un 1 % del PIB, mientras que duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar un 60 % las medianas, crearía cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, abogan por disminuir la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos, ya que actualmente la remuneración por hora de trabajo "sumergido" es 2,7 superior a la hora del salario mínimo y consideran que habría que simplificar los trámites para acceder a la economía formal puesto que "la elevada carga administrativa desincentiva entrar en el mercado formal".
Otro de los ejes fundamentales que plantean las multinacionales es relajar los umbrales fiscales que pagan las empresas en función de su tamaño para que puedan crecer sin ser "penalizadas" y ser más internacionales e innovadoras.
"Si España alcanzara el tamaño medio empresarial de Alemania, sería un 15 % más productiva", ha afirmado el economista jefe del servicio de estudios del BBVA, Jorge Sicilia.
En este sentido ha dicho que aumentar en 35.000 el número de empresas exportadoras regulares en los próximos cuatro años implicaría más de 700.000 puestos de trabajo nuevos.
Los grandes empresarios abogan por aumentar la inversión en I+D al 3 % del PIB frente al 1,3 % actual ya que generaría un empleo de unos 130.000 trabajadores, y por un incremento de la flexibilidad laboral que recuperaría más de 300.000 empleos hasta 2018.
El Consejo Empresarial para la Competitividad pide acelerar la reforma de las pensiones y reformas en la educación para tener 200.000 empleos más, mientras asegura que un plan de inversiones en política energética crearía otros 100.000 nuevos empleos.
"Todas las propuestas son viables", ha asegurado Alierta al tiempo que ha añadido que "estamos diciendo cosas que les tiene que gustar a la derecha, a la izquierda, al centro y a todos".
LOS PROBLEMAS DE ESTE PAÍS SON TODOS SOLUCIONABLES
El presidente de Telefónica y presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), César Alierta, ha afirmado que los problemas que tiene este país "son todos solucionables", en referencia a los últimos casos de corrupción y a los problemas de desempleo.
Tras presentar el informe "España 2018" elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad y que aboga por acometer medidas estructurales que conseguirían reducir la tasa de paro al entorno del 11 % en 2018, Alierta ha sido tajante al añadir que "esto es conseguible" y "todas las propuestas son viables". "El horizonte de 2018 está lejos pero también está muy cerca", ha dicho.
Asimismo, preguntado por los últimos casos de corrupción, Alierta ha indicado que la mayor preocupación del país es el paro, que ha insistido que tiene solución, al igual que -en su opinión- el resto de los problemas. "Las instituciones funcionan y seguirán funcionando", ha señalado.
Alierta ha eludido pronunciarse sobre el avance de la formación Podemos en el terreno político y ha vuelto a reiterar que el paro es lo primero, "aunque el Consejo Empresarial para la Competitividad no es ajeno a lo que ocurre en el país". "Los españoles queremos mayor bienestar económico y social y estamos diciendo cosas que les tiene que gustar a la derecha, a la izquierda, al centro y a todos", ha afirmado.
El presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad ha reiterado en varias ocasiones que las propuestas son factibles y ha dicho que si se calcula un paro del 10,3 % en 2018 sobre la población activa, "todas las familias españolas estarían ocupadas y el resto de la población que cobraría prestación por desempleo sería muy inferior".
