La petición de Garoña de parar mañana su reactor a las 24.00 horas abre un nuevo episodio de duda sobre el futuro de la nuclear más pequeña del país, pero no presupone su cierre definitivo sino, básicamente, un modo de evitar impuestos.
La parada programada servirá para vaciar el combustible del reactor y depositarlo en la piscina de almacenamiento de la planta.
El motivo de esta actuación es la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y de sostenibilidad energética -en trámite parlamentario-, que prevé gravar a partir del 1 de enero la producción y almacenamiento de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear.
Los propietarios de Garoña (Nuclenor, participada al 50 % por Iberdrola y Endesa) calculan que este impuesto les supondría unos 150 millones de euros.
El jueves, día 13, el Senado aprobó la nueva tasa; la duda por solventar ahora es qué pasará la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
Fuentes de Nuclenor han asegurado a Efe que todavía no tienen tomada la decisión de parar -la solicitud de una parada no implica que se ejecute obligatoriamente- y la nuclear sigue funcionando al 100 %, mientras se estudia cuándo y cómo sacar el combustible del reactor.
Además, han insistido en que esta parada no tiene necesariamente que significar el cierre de la planta antes del 6 de julio de 2013, momento en el que expira su autorización de explotación, porque se podría tomar la decisión de volver a arrancarla antes de esa fecha.
En este repetido tira y afloja entre la central y el Gobierno del PP -que hizo de Garoña uno de sus emblemas electorales, apoyando su continuidad más allá de 2013, fecha tope dada por los socialistas-, la última palabra ha sido del ministro de Industria, José Manuel Soria.
Soria, que en anteriores ocasiones ha manifestado públicamente su malestar por la negativa de la nuclear a pedir una prórroga de su vida útil, declaró hace unos días en una entrevista con EFE la disposición del Ejecutivo a que siga operativa, con o sin Nuclenor, y siempre que tenga el aval del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Gobierno "desea que no se infrautilice" ninguna capacidad de energía instalada en España, "mucho menos (...) si ya está más que amortizada".
En sentido contrario, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, afirmó hace dos semanas en la Cámara Baja que no contempla ningún supuesto que no sea el cese de la planta, en respuesta a los grupos sobre supuestas negociaciones entre el Gobierno y la industria para que Garoña no se clausure.
Además, recalcó que la central no ha hecho las reformas necesarias para poder seguir hasta 2019.
Desde principios de año, la nuclear más antigua del país estuvo marcada por la polémica, fundamentalmente desde el día en que el CSN se pronunció a favor de prorrogar su funcionamiento diez años más (2019), frente a la decisión del anterior Gobierno socialista de echar el cierre en 2013.
Situada en la provincia de Burgos, en una península natural formada por un meandro del río Ebro, esta planta consta de un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric -en España sólo hay dos de este tipo, los de Garoña y Cofrentes-.
