El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha sido condenado este viernes en Estados Unidos a tres años de supervisión por parte de un monitor independiente y al pago de una multa criminal de 2.800 millones de dólares (2.641 millones de euros al cambio actual) por el caso del diésel.
Durante la audiencia mantenida este viernes en el Tribunal Federal de Detroit (Michigan), el juez Sean Cox señaló que no habrá restitución a los presuntos afectados de este caso y aseguró que este caso es "muy serio y preocupante" que involucra a una compañía automovilística "icónica".
"Este es un caso de fraude masivo y deliberado", explicó Cox, que aprobó el acuerdo por importe de 4.300 millones de dólares (4.056 millones de euros al cambio actual) anunciado durante el pasado mes de enero entre la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluía la declaración de culpabilidad por parte de la compañía de tres cargos por delitos graves y también la multa criminal aprobada, entre otros puntos.
La declaración de culpabilidad de la corporación con sede en Wolfsburg (Alemania) contempla la supervisión organizativa de la empresa durante un período de tres años, una medida que permite a Volkswagen ser controlada y analizada por parte de un monitor independiente.
Durante la audiencia judicial, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos tiene intención de nombrar al ex fiscal general adjunto del país Larry Thompson como supervisor independiente del caso Volkswagen.
La empresa dio la bienvenida a Thompson y aseguró que intentará cooperar al máximo con su "importante trabajo". "Hemos tomado medidas significativas para fortalecer nuestra contabilidad, para mejorar la transparencia y para construir una mejor compañía y esperamos trabajar en estrecha colaboración con el señor Thompson mientras avanzamos en el mayor proceso de cambio en la historia de Volkswagen", aseguró la responsable de Integridad y Asuntos Legales de la firma, Hiltrud Werner.
La empresa aseguró que Thompson tendrá una doble responsabilidad, en primer lugar la evaluación, supervisión y monitorización del cumplimiento de la firma de los acuerdos en dicho período, al tiempo que también se encargará de certificar que el programa implementado por Volkswagen es capaz de detectar casos similares al del software y de evitar que vuelva a suceder.
ACUERDOS ANTERIORES
En marzo, la multinacional alemana se declaró culpable de tres cargos por delitos graves, como son fraude, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, después de admitir haber instalado el software ilegal en alrededor de 580.000 vehículos en Estados Unidos.
También alcanzó un acuerdo con diez estados de Estados Unidos en relación con reclamaciones por el caso del diésel, a través del que la firma tendría que pagar 157,4 millones de dólares (148,4 millones de euros) en Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington.
Además, recibió en marzo la aprobación por parte de la Agencia de Protección Medioambiental del país (EPA, por sus siglas en inglés) para vender 67.000 vehículos diésel que montaban el software que alteraba las emisiones y que han sido reparados.
En total, la multinacional automovilística ha aceptado el pago de alrededor de 25.000 millones de dólares (23.584 millones de euros) en Estados Unidos con el objetivo de poner fin a las reclamaciones de los propietarios de los vehículos, de los reguladores medioambientales, de los estados y de los concesionarios y para realizar ofertas de recompra de los coches afectados.
