La Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaron los resultados de los tres primeros meses del préstamo a Portugal, aunque avisaron de la necesidad de que el sector bancario del país aumente su capital y reduzca los efectos del endeudamiento financiero.
La evaluación de la UE y el FMI coincidió con la anticipación del Gobierno conservador de Portugal de varias medidas de ajuste para compensar el desvío del 1,1 % del PIB (estimado en unos 2.000 millones de euros) verificado en los primeros seis meses del año, cinco de los cuales fueron bajo un Ejecutivo socialista.
Con esta aprobación, Portugal cumple con los requisitos para recibir los próximos meses parte de los 78.000 millones del préstamo concedido a Lisboa para los próximos tres años.
En una rueda de prensa conjunta, los representantes del equipo formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI constataron que superar la dificultad de la banca lusa para acceder a los mercados es clave para la recuperación económica del país.
Los representantes de las tres instituciones, conocidos como "troika", reconocieron que la crisis de la deuda soberana -que penalizó a Portugal especialmente- dificultó el acceso de la banca lusa a los mercados.
A pesar de haber superado en julio las pruebas de solvencia europeas, las instituciones financieras lusas redujeron recientemente drásticamente sus beneficios y registraron significativas pérdidas bursátiles por el encarecimiento del crédito derivado de los elevados intereses que paga el Estado.
En su intervención, la troika comentó que el éxito del programa dependerá de la abertura de la economía portuguesa y destacó la necesidad de crear nuevas empresas "dinámicas" que creen empleo y aumenten la competitividad.
Abogó también por un mayor control en el gasto público, especialmente en el sector empresarial del Estado y en regiones autónomas como el archipiélago de Madeira.
Rasmus Ruffer, representante del BCE, resaltó que es necesario "cortar el vínculo entre sector bancario y público" para que el crédito se canalice a los "sectores más productivos de la economía".
"La clave para el éxito" para la reducción de los efectos del endeudamiento financiero es que "el Estado, incluidas las empresas públicas, reduzca su dependencia en el sector bancario doméstico", añadió Ruffer.
Mientras, Paul Thomsen, representante del FMI, señaló que el programa de rescate está "en el camino correcto", aunque señaló que los desafíos más difíciles "están por venir".
Asimismo, pronosticó que el objetivo del déficit (del 9,1 % al 5,9 % este año) será alcanzado, y confió que, después de los tres años del auxilio, Portugal "pueda regresar a los mercados".
A pesar del rescate, Portugal no ha conseguido aliviar la presión sobre su deuda cuando ha acudido al mercado para financiarse a corto plazo, que le penaliza con tasas cercanas al 5 % frente al cerca del 1 % de hace un año.
El jefe de la delegación de la CE, Jurgen Kroger, tildó la primera evaluación al programa de "muy positiva" y destacó que lo "importante" es reforzar la competitividad externa a través de la flexibilización del mercado de trabajo y la reducción de los costos en el sistema de salud, entre otras medidas.
La troika certificó también el desvío en las cuentas públicas del 1,1 % del PIB portugués, confirmado por el Gobierno y que se corregirá con nuevas medidas de corte.
La UE y el FMI hallaron el origen de estos desvíos en la estimación excesivamente al alza de los ingresos en el sector de la Justicia, el desvío de algunos fondos en el pago de los salarios profesores y en el aumento del gasto en los salarios de los funcionarios públicos.
El ministro portugués de Finanzas, Vítor Gaspar, anunció hoy la anticipación de varias medidas para cumplir con la meta del déficit, entre las que destaca el previsto aumento del IVA en la electricidad y el gas natural de la tasa reducida (6 %) a la máxima (23 %) para ingresar 100 millones de euros.
El Ejecutivo conservador espera "tapar" los otros casi 2.000 millones con el impuesto especial en la paga de navidad, ya divulgado el pasado julio, y con cortes drásticos en el gasto del Estado, como la congelación salarial en la promoción de los militares.
La troika detectó también un nuevo "agujero" en las arcas estatales, esta vez de 600 millones de euros y procedente de los gastos de nacionalización del Banco Portugués de Negocios (BPN) y de las cuentas de la Región de Madeira.
El Gobierno compensará estos imprevistos mediante la transferencia de fondos de pensiones de los bancos, a semejanza de lo que hizo el Ejecutivo socialista el pasado año con los fondos de la operadora Portugal Telecom (PT).
