La UE avanza hacia un acuerdo sobre el tratado del pacto presupuestario que todos los países miembros, excepto el Reino Unido, quieren firmar en marzo, pero aún quedan algunos desacuerdos por limar por parte de los ministros de finanzas y de los jefes de Estado o de Gobierno.
Fuentes diplomáticas europeas indicaron a Efe que se está avanzando hacia un acuerdo, y que la reunión de los negociadores de este jueves era, en principio, la última cita del grupo de trabajo para identificar los puntos en los que hay consenso y en los que aún queda trabajo por hacer.
El Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) se celebrará el próximo día 24 y la cumbre europea, prevista inicialmente para el día 30, tendrá probablemente lugar un día antes, según avanzó hoy en Roma el primer ministro italiano, Mario Monti.
Entre los puntos que quedan por resolver figura el papel que debe ejercer la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE para verificar si se ha aplicado correctamente la "regla de oro" o freno de deuda en las constituciones o leyes equivalentes.
El último y tercer borrador del tratado, con fecha del martes, limitaba de nuevo las prerrogativas de la Comisión y del Tribunal para actuar en caso de incumplimiento del acuerdo y suavizaba algunos términos que dejan a los países más margen de maniobra.
Según esa versión, un país de la UE puede llevar a otro ante el Tribunal de Justicia si considera que no ha fijado adecuadamente la "regla de oro" en su Constitución, pero la Comisión Europea solo puede ser "invitada" a emitir un informe sobre esta cuestión.
Si la Comisión confirma entonces un incumplimiento, el país será llevado ante el Tribunal de Justicia "por las partes contractuales".
En el segundo borrador, un país podía denunciar a otro ante el Tribunal si constataba un incumplimiento de todo el título III (sobre el pacto presupuestario), y la Comisión Europea podía, "en nombre de las partes contractuales", iniciar una acción legal.
En el borrador más reciente se especifica que el "balance estructural" no debe exceder del 0,5 % del PIB al año a precios de mercado.
El documento también rebajaba la exigencia de consagrar la regla de oro "en provisiones nacionales vinculantes a nivel constitucional o de naturaleza equivalente", como se decía previamente, pues habla "de provisiones de fuerza vinculante y de carácter permanente, preferiblemente constitucionales que deben ser garantizadas a través de procesos presupuestarios nacionales".
La regla de oro debe estar funcionando "un año después de la entrada en vigor del tratado", inicialmente el 1 de enero de 2013.
El texto aclaraba que los países pueden desviarse de sus objetivos a medio plazo en caso de "acontecimientos inusuales que escapa del control" de los gobiernos y tienen un gran impacto en su posición financiera, o en periodos de severos riesgos económicos", si no pone en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
En caso de que la deuda es muy inferior al 60 %, los países pueden registrar un déficit del 1,0 % del PIB a precios de mercado.
Se eliminó además el criterio de deuda para la imposición de sanciones, lo que favorece a aquellos países, como Italia, que acumulan niveles de deuda sustanciales y que se opusieron a esa formulación.
El número de países que deben haber ratificado el tratado para su entrada en vigor ha pasado de 9 en la primera versión a 15 en la segunda y a 12 en la tercera.
Se deja además constancia de que otros países de la UE (el Reino Unido) pueden sumarse al tratado.
El borrador eliminaba además en el propósito y el alcance del tratado la referencia a una "integración más profunda del mercado interior", un tema muy sensible para Londres.
