El Gobierno italiano celebrará un consejo de ministros el 18 de agosto para aprobar por decreto ley las nuevas medidas anticrisis que le ha pedido el Banco Central Europeo para calmar la inquietud de los mercados sobre las finanzas públicas de Italia.
Según informaron los medios de comunicación italianos, el 18 de agosto es la fecha que ha propuesto el primer ministro, Silvio Berlusconi, a los agentes sociales durante una reunión celebrada hoy en Roma.
Sin embargo, el mandatario no ha descartado que esa fecha pueda adelantarse y que el consejo de ministros pueda reunirse, incluso, el martes 16 de agosto.
En el encuentro de hoy con los agentes sociales, el segundo en menos de una semana, el Ejecutivo aborda las nuevas reformas económicas y la aceleración de algunas de las medidas que contiene el último plan de austeridad aprobado a mediados de julio, por un valor de cerca de 79.000 millones de euros.
La intención, según informan los medios italianos, es encontrar un acuerdo sobre la mayor parte de los puntos para que el Ejecutivo pueda aprobar las reformas necesarias en forma de decreto ley y que así éstas lleguen al Parlamento lo antes posible.
La prensa del país recoge hoy las que parecen ser las nuevas medidas que ha preparado el ministro de Economía, Giulio Tremonti, para conseguir el adelanto a 2013 del equilibrio presupuestario anunciado el viernes por Berlusconi, con lo que se adelanta en un año el logro de ese objetivo previsto inicialmente para 2014.
Según las filtraciones de ese plan, el Gobierno se plantea, entre otras medidas, la imposición de un gravamen adicional sobre la segunda vivienda, un aumento de los impuestos sobre los rendimientos financieros y sobre el patrimonio, así como adelantar el proceso que retrasará la edad de jubilación vinculándola a la esperanza de vida.
También se contempla la privatización de empresas municipales y la venta de parte de las participaciones del Estado en algunas empresas que ya cuentan con capital privado.
La prensa asegura hoy que los cambios en el sistema de asistencia y de pensiones, incluidas las de invalidez, no cuentan con la aprobación ni de los sindicatos, ni del principal socio de Gobierno de Berlusconi, la federalista Liga Norte de Umberto Bossi.
Los sindicatos, la patronal y también la banca exigen al Gobierno que acometa primero recortes sobre el gasto de la clase política antes de exigir nuevos esfuerzos económicos a las familias, sobre las que ya recae el mayor peso recaudatorio del plan de ajuste.
