El Gobierno contempla la sustitución del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Cataluña, Oriol Junqueras, si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución en los próximos días. Fuentes gubernamentales comentaron que esta sustitución sería por una persona de "perfil técnico", que "entienda" de la gestión tributaria, por lo que "no valdría un político".
Ésta sería la versión práctica de la aplicación del 155 en el caso de Hacienda, que también ahondaría en reforzar el control sobre la Hacienda pública catalana con medidas adicionales a las que ya está aplicando desde septiembre.
A Junqueras se le considera el responsable de la situación económica catalana y de la huida de la inversión y de ahí que, en el caso de aplicación del 155, se le sustituya. Aunque físicamente habrá una persona designada, desde el Ejecutivo insisten en el "control telemático" que permite la tecnología.
Tal es así que recuerda que ya se controla desde Madrid todo el presupuesto de la Generalitat y que la puesta en marcha del 155 sólo conllevaría un refuerzo de los controles, así como la asunción de organismos autónomos dependientes de la institución autonómica y de la recaudación de los tributos cedidos. Además, según dichas fuentes, la intervención de las cuentas catalanas que puso en marcha en septiembre el Ministerio de Hacienda se prolongaría hasta que la legalidad regrese a Cataluña, de manera que, en el caso de que haya elecciones, en Hacienda fijan ese periodo hasta que haya un nuevo Parlamento.
GUINDOS ALERTA DE LAS CONSECUENCIAS "TERRORÍFICAS" DE LA INDEPENDENCIA
por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, alertó este jueves de consecuencias económicas "terroríficas" de una hipotética independencia de Cataluña, para asegurar que la salida de más de 800 empresas que se ha producido en la región es sólo un "aperitivo" de lo que podría ocurrir. Así lo indicó en el Pleno Congreso de los Diputados durante el debate de convalidación o derogación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se facilita el traslado de la sede social de las empresas.
Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O más de 800 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.
El ministro indicó que "las causas de lo que está pasando son las políticas del Gobierno de la Generalitat", para agregar que "entiendo que las salidas de empresas escuezan en determinados ambientes". "Los que generan riqueza y empleo ponen de manifiesto las políticas fuera de la realidad y enloquecidas de la Generalitat", aseguró el titular de Economía, quien acusó a los independentistas de "arrancar de cuajo" la seguridad jurídica.
Según De Guindos, la salida de más de 800 empresas "es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir" si la independencia se llegara a materializar, "algo que este Gobierno no va a permitir". El ministro subrayó si "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico relativamente estable" y señaló que "la independencia sería terrorífica y un suicidio económico para Cataluña".
El titular de Economía expuso que Cataluña quedaría fuera de UE y la zona euro, que el 70% de sus producción estaría sujeta a aranceles y restricciones comerciales, que se contraería el flujo de crédito, la región no tendría acceso a los mercados, habría "dudas" sobre los depósitos de los ciudadanos y no se podrían pagar servicios públicos como la sanidad o la educación.
CEOE CREE QUE PUIGDEMONT "HA PERDIDO UNA OPORTUNIDAD" Y PIDE AL GOBIERNO "RESTABLECER LA LEGALIDAD"
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, lamentó este jueves que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, "ha perdido una oportunidad de poner el freno" a la deriva soberanista y aseguró que el Gobierno español "tiene que aplicar todas las posibilidades legales que tenga a su alcance" para "restablecer la legalidad".
A juicio de Rosell, Puigdemont "ha perdido una oportunidad de poner el freno" y eso "afecta cada vez más a la economía y afecta cada vez más a Cataluña, a las empresas".
Al respecto, el responsable de la patronal española consideró que la marcha de 800 empresas de Cataluña es un número "muy importante" y "si tenemos en consideración que en Cataluña por encima de 250 personas hay solamente alrededor de 900 empresas y se han ido 700". "El agujero que se está provocando es muy importante y puede tener consecuencias económicas y también sociales en cuanto a pérdida de empleo muy importantes", advirtió Rosell. Por estos motivos, instó a "restablecer la legalidad".
