Varias de las mayores fortunas y de los principales empresarios de Francia, incluyendo a la multimillonaria heredera de L'Oreal, Liliane Bettencourt, y a los consejeros delegados de multinacionales como Veolia, Danone, Total o Société Générale, han firmado una propuesta en la que solicitan al Gobierno que establezca una "contribución excepcional" que grave a las rentas más elevadas y colaborar así en el "esfuezo solidario" necesario para respaldar el futuro económico del país galo.
"Nosotros, presidentes y directivos de empresas, hombres y mujeres de negocios, financieros, profesionales o ricos, pedimos la instauración de una contribución especial que afectará a los contribuyentes franceses más favorecidos", expone la carta publicada por el semanario galo 'Le Nouvel Observateur'.
"Somos conscientes de que nos hemos beneficiado plenamente de un modelo francés y de un entorno europeo con los que estamos comprometidos y que queremos ayudar a preservar", señala la misiva, firmada por 16 de las mayores fortunas y principales empresarios del país galo.
"Esta contribución no es una solución en sí misma, por lo que tiene que formar parte de un esfuerzo más amplio de reforma, tanto de los gastos como de los ingresos", reconocen los promotores de la propuesta.
Asimismo, los firmantes de la carta subrayan que "en un momento en el que el déficit de las cuentas públicas y las perspectivas de un agravamiento de la deuda del Estado amenazan el futuro de Francia y de Europa, en un momento en el que el Gobierno nos pide a todos un esfuerzo de solidaridad, nos parece necesario contribuir".
La carta, que emula la propuesta del multimillonario estadounidense Warren Buffet, quien recientemente solicitó a la Casa Blanca un aumento de los impuestos para las grandes fortunas, está firmada por Jean-Paul Agon, presidente y consejero delegado de L'Oréal; Liliane Bettencourt, multimillonaria y accionista de referencia de L'Oréal ; Antoine Frérot, presidente y consejero delegado de Veolia Environnement; Denis Hennequin, presidente y consejero delegado de Accor.
EN ESPAÑA, NO TENDRÍA SENTIDO
Un impuesto de estas características permitiría recaudar al Estado español unos 300 millones de euros, una cantidad muy limitada teniendo en cuenta nuestro endeudamiento. Para Juan José de los Mozos, presidente de la Asociación Española de Asesores fiscales (ASEFIGET) esta medida sería "un parche" porque "con 300 millones de euros apenas podemos pagar los intereses de nuestra deuda durante uno o dos meses".
