El Gobierno va a crear cuatro nuevas autoridades administrativas independientes (AAI) que se encargarán de la defensa de la competencia y la supervisión en el ámbito económico y financiero, lo que supondrá la extinción de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se escindirá en la Autoridad Administrativa independiente de Competencia, la Autoridad de Supervisión y Regulación de los Mercados, a las que se sumarán la Autoridad Administrativa independiente de Seguros y Planes de Pensiones y la Autoridad Administrativa independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros, según consta en el documento sobre la reforma de los organismos supervisores que desde hoy se somete a consulta pública.
El texto, publicado en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, explica que la norma integrará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también tendrá naturaleza de Autoridad Administrativa independiente.
La actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mientras que el ICAC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía.
Con el nuevo esquema se subsanará "la dispersión" en las competencias para la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y de los inversores financieros, que actualmente están repartidas entre los supervisores de banca, valores y seguros.
No obstante, el texto incide en que el Banco de España continuará realizando su labor de supervisión de la solvencia de las entidades de crédito, entre otras.
El documento también dice que se desarrollará un nuevo mecanismo para el nombramiento de los órganos de gobierno de las entidades supervisoras, del que únicamente avanza que se guiará por la transparencia, la meritocracia, la participación democrática y la inexistencia de conflictos de interés.
El fin es garantizar la idoneidad de los candidatos designados y dotar de mayor transparencia al procedimiento, lo que redundará en una mayor independencia de las Autoridades Administrativas independientes.
De acuerdo el documento del Ministerio, la reforma es fundamental para "contar con un marco más adecuado y conforme con las mejores prácticas internacionales en el cumplimiento de las vitales funciones que se encomiendan a los organismos supervisores".
En el texto se recuerda que fue la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la que creó la figura de la Autoridad Administrativa independiente como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, cuyo desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.
El nuevo marco institucional que se planea adoptar surge del acuerdo suscrito entre el Gobierno y Ciudadanos, al que confían que termine sumándose el PSOE.
