El Gobierno ha aprobado un real decreto ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial, que modifica parte de la ley concursal, y con el que el Ejecutivo prevé que la banca ayude a garantizar que compañías que aunque están endeudadas, pueden ser viables en el futuro.
Según ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con esta ley se completa un paquete de medidas que están destinadas a empresas que pese a su alto endeudamiento, "pueden seguir desarrollando su actividad y manteniendo su empleo".
"Es una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas y evitar soluciones de insolvencia", ha añadido la vicepresidenta, que ha explicado que de esta manera, se dota a las compañías de mayores instrumentos para su reestructuración y refinanciación.
Así, el real decreto ley aprobado hoy modifica algunos aspectos de la Ley Concursal, como en lo relativo a la fase preconcursal, de manera que se evite la entrada de las empresas en concurso y su liquidación.
En concreto, con esta norma se modifica el régimen de los acuerdos de refinanciación de deuda homologados judicialmente, que podrán comprender quitas, capitalización de deuda y aplazamientos.
REFINANCIACIÓN DE DEUDA
En cuanto a los acuerdos individuales de refinanciación de deuda, el Gobierno ha explicado que se introduce la posibilidad de alcanzar pactos individuales con uno o más acreedores, siempre que mejoren el patrimonio del deudor y sin que haya necesidad de contar con mayorías de pasivo.
Estos acuerdos solo serán rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal, dice la norma.
Por otro lado, los acuerdos colectivos de refinanciación que no estén homologados judicialmente, se simplifican, ya que se elimina la exigencia de un informe de experto independiente, que será sustituido por una certificación del auditor de cuentas, que acredite las mayorías de pasivo exigidas para alcanzar el pacto.
De la misma manera, en los acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, se simplifica la intervención judicial, en tanto que la mayoría exigida para homologar el acuerdo pasa del 55% al 51%.
Como novedad, dice la norma, en los préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando vote a favor el 75% del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior.
Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado aplazamientos hasta cinco años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real.
Si el acuerdo ha sido suscrito por el 75 % de los acreedores, se extenderán a los acreedores disidentes esperas entre 5 y 10 años, quitas, conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor, o créditos participativos, además de la transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas y cesiones de bienes en pago de deudas.
UNA LEY CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN
El Ministerio de Economía cree que la reforma de la ley concursal será clave para la recuperación y ayudará a que haya "múltiples" acuerdos de refinanciación, tantos como para conseguir que miles de compañías se salven de la quiebra y la deuda empresarial se reduzca al menos un 10%, 130.000 millones.
Según las primeras estimaciones del departamento que dirige Luis de Guindos, si la deuda de las empresas españolas a cierre de 2013 rondaba el 130% del PIB, 1,3 billones de euros, se puede esperar una reducción de ese volumen superior al 10% gracias a las medidas aprobadas.
Así será más fácil que el crédito fluya hacia nuevos proyectos y la economía pueda avanzar con más vigor, lo que se traducirá en mejores datos de empleo, según han explicado hoy fuentes del departamento que dirige De Guindos.
La experiencia ha demostrado que con las crisis financieras se pierde entre un 5% y un 7% de la riqueza de un país y hacen falta entre cinco y siete años para que se inicie la recuperación económica, pues tras un proceso de alto endeudamiento de familias y empresas pocos consumen y menos invierten.
