El Gobierno enviará a las entidades de crédito el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el que se establece un mecanismo de control sobre los pagos de la Generalitat de Cataluña, para que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum "ilegal" del 1 de octubre. Además, se pide a los bancos que si detectan algún pago o transferencia relacionado con el 1-O lo comuniquen al Ministerio Fiscal.
Así lo explica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado en el que informa del acuerdo del Gobierno sobre nuevas medidas de control sobre las finanzas de la Generalitat "para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios públicos fundamentales, y proteger el interés general".
Hacienda señala que el acuerdo de la Comisión Delegada "se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".
En el texto se especifica que "si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal". Además, Hacienda explica que a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.
Por otra parte, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este acuerdo de la Comisión Delegada, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero (PEF).
Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.
