El Gobierno plantea una subida salarial a los funcionarios hasta 2028 que garantice el poder adquisitivo

El Ministerio de Función Pública ha celebrado una reunión con los sindicatos en la que inició la negociación de un nuevo acuerdo plurianual sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, en la que no planteó una cifra concreta de subida salarial para el trienio 2026-2028 pero sí propuso que haya una revalorización retributiva fija y otra variable, a fin de que no se produzca pérdida de poder adquisitivo.

El encuentro, celebrado tras movilizaciones sindicales, estuvo presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y contó con la presencia de CSIF, UGT y CCOO.

Con ello, arranca la negociación de un acuerdo plurianual que incorpore no solo mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas que repercutan de manera "positiva" en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía.

En materia retributiva, Sánchez Naranjo trasladó a los sindicatos que el objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo.

El pacto al que Función Pública quiere llegar con las centrales sindicales contempla además un conjunto de mejoras organizativas, así como seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos.

En el encuentro se pactó con los sindicatos un calendario de reuniones para ir trabajando en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en cuanto sea posible.

Las reuniones se producirán los miércoles, aunque por motivos de agenda la semana que viene se desarrollará el martes.

Por su parte, desde los sindicatos informaron de que no se ha propuesto una cifra concreta de subida, lo que según CSIF tendrá lugar el 19 de noviembre.

Como UGT, reclamó que se proponga también una revalorización salarial aparte para el año 2025 con efectos retroactivos desde el 1 de enero pues, según UGT, si no este año quedaría "en blanco", como un ejercicio de "congelación" salarial.

Desde CSIF incidieron en que la propuesta económica debe "al menos corregir" el IPC de este año y ha de propiciar que se vaya "recuperando" poder adquisitivo en los próximos ejercicios, porque "no debemos olvidar" que, desde 2010, los empleados públicos han perdido un 20% de capacidad de compra. También señalaron que en CSIF querían un pacto para 2026 y 2027 solo, pero que Función Pública busca un acuerdo trianual.

Los sindicatos también pusieron el foco en la mejora de los servicios públicos, en aumentar el número de trabajadores y elaborar un plan de recursos humanos para "redimensionar" los efectivos que hacen falta. Igualmente, alertaron de la elevada tasa de temporalidad en las administraciones y demandaron que se agilicen los procesos selectivos.

En la misma línea, CCOO dijo que tendrá una actitud "constructiva, pero a la vez exigente en la negociación".

"Desde el Área Pública de CCOO, le hemos recordado al Gobierno que aún quedan pendientes por cerrar materias del ya caducado Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o la situación del Servicio Exterior. Les hemos apremiado a culminar el cumplimiento de ese acuerdo", agregó el sindicato.

Cabe recordar que el anterior acuerdo sobre empleados públicos se suscribió en otoño de 2022 y abarcó el período 2022-2024, también con una parte fija y otra variable en función de la evolución del PIB y de la inflación cada uno de los ejercicios.

En este plazo, se revalorizaron los sueldos en torno al 10%, mientras que en 2025, al no haber ningún acuerdo nuevo y existir prórroga presupuestaria, todavía no se ha aprobado ningún incremento salarial.