Los grupos políticos del Congreso de los Diputados han acordado que el Gobierno presente un informe con soluciones extrajudiciales para que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y eviten entrar en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con la abstención del PP la reforma de la Ley Concursal, en la que se ha introducido una disposición adicional para que el Ejecutivo informe en seis meses sobre el resultado de las medidas tomadas para paliar los problemas de las familias que no pueden pagar sus hipotecas.
Ese informe deberá incluir posibles medidas para completar "la protección económica y social de consumidores y familias", como medidas extrajudiciales que favorezcan la renegociación de deudas a través de mediadores o de pactos notariales.
La nueva disposición adicional trata de contentar a grupos como CiU o ERC-IU-ICV, que exigían que la reforma de la Ley Concursal incluyera medidas para resolver los problemas de sobreendeudamiento de las familias, que casi nunca consiguen pactar un plan de pagos con sus acreedores cuando se acogen a un proceso de insolvencia.
El proyecto de ley que reforma la Ley Concursal, que será remitido ahora al Senado, ha sido modificado para que los concursos de acreedores sean gestionados con carácter general por un único administrador nombrado judicialmente, en vez de los tres actuales.
El grupo socialista, que era el que proponía este cambio, ha aceptado a petición del PP que en los concursos de especial trascendencia se nombre además a otro administrador concursal en representación del acreedor principal, incluso si se trata de trabajadores de la empresa.
Esa modificación no ha impedido que el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Federico Trillo, criticara que el nombramiento de un administrador único -que podrá ser una empresa de servicios profesionales- sólo persigue favorecer en su opinión a las grandes firmas internacionales del sector (entre las que destacan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG y Ernst & Young).
"Nos parece un regalo innecesario, injustificado, impensable, contrario a los intereses de los colegios de abogados, economistas y auditores, y contrario al sentido común", afirmó Trillo, que puso de manifiesto los posibles conflictos de interés que pueden tener las grandes firmas para gestionar procesos de insolvencia debido a los servicios que prestan a acreedores como las entidades financieras.
Esas y otras críticas a la reforma de la Ley Concursal han llevado al PP a ser el único grupo parlamentario que se ha abstenido en la aprobación del proyecto de ley, que ha contado con el respaldo del resto de partidos.
Con la opinión de Trillo discrepó el portavoz del PSOE Jesús Quijano, quien insistió en que el nombramiento de un único administrador concursal busca rebajar costes y es la opción más "racional".
Quijano hizo hincapié en que la reforma de la Ley Concursal es "oportuna y necesaria" y, pese a ser "discutida e imperfecta", resultará "útil".
El proyecto de reforma de la Ley Concursal permitirá que la banca pueda imponer acuerdos de refinanciación de deudas y favorecerá la aportación de liquidez a empresas en dificultades con el objetivo de frenar los concursos de acreedores.
Entre las principales novedades de la reforma de la Ley Concursal destaca que una mayoría de entidades financieras podrá imponer al resto un acuerdo de refinanciación de deuda, con lo que se evitan así las minorías de bloqueo que han llevado a muchas sociedades al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
El proyecto de ley también regula por primera vez el llamado "dinero fresco", con el objetivo de que las entidades financieras y los acreedores concedan nueva financiación a las empresas en dificultades en el marco de un acuerdo de refinanciación de deuda.
