La Comisión Europea (CE) rectificó una propuesta anterior y abogó por no imponer ningún límite de días para utilizar el móvil en itinerancia (roaming) en la Unión Europea (UE) sin sobrecostes, frente al "mínimo de 90 días" que defendió en un principio.
El Colegio de comisarios elaboró una nueva propuesta tras la retirada de la anterior, en la que "no habrá un límite de días", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente comunitario de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, quien dejó claro no obstante que habrá directrices para "que los operadores puedan intervenir si detectan abusos" no ligados a viajes periódicos.
La Comisión, que tampoco propuso un límite en términos de volumen, defendió salvaguardas para los operadores basadas en el "principio de residencia" o en unos "vínculos estables" que los consumidores puedan tener en un Estado miembro, como es el caso de los trabajadores transfronterizos, expatriados que vuelven a menudo a su país de origen o estudiantes Erasmus.
Para evitar "abusos" a los operadores y permitirles mantener el margen de beneficios que necesitan para poder invertir en nuevas redes, según Ansip, la Comisión Europea propone que sólo "las personas que viajan" puedan liberarse de los sobrecostes por itinerancia.
Los operadores podrán comprobar los hábitos de uso de los clientes: si el tráfico nacional es "insignificante" comparado con el de itinerancia, una larga inactividad de una tarjeta SIM asociada principal o exclusivamente al uso en itinerancia o la suscripción y uso de múltiples SIM por el mismo usuario cuando viaja.
En esos casos, los operadores podrán "alertar" a sus clientes y, "sólo si estas condiciones se cumplen", podrán aplicarles "pequeños sobrecostes", de 4 céntimos de euro por minuto de llamada, un céntimo por SMS y 0,85 céntimos por megabyte. En caso de conflicto, los operadores podrán iniciar un procedimiento de reclamación y, si la disputa persiste, el consumidor podrá recurrir a la autoridad reguladora nacional, según la Comisión Europea.
La Comisión Europea indicó que adoptará su propuesta formal para el 15 de diciembre, después de haberla discutido con el Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunicaciones (BEREC), los Estados miembros y las partes interesadas.
