El borrador de la reforma de la negociación colectiva que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes establece, con carácter general, un plazo máximo de 20 meses para la negociación de los convenios colectivos. Sin embargo, según el texto enviado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a los agentes sociales, si este plazo concluye sin acuerdo, seguirá vigente el convenio anterior. Es decir, que rechaza la reclamación de la patronal CEOE de que se elimine la ultraactividad de los convenios. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, aseguró que el borrador de la reforma de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo es "decepcionante" y está "bastante desequilibrado" y los sindicatos advierten que si la reforma de los convenios no cuenta con el acuerdo de los interlocutores sociales "será papel mojado".
En su reforma, el Gobierno establece plazos a todo el proceso de renovación del convenio, no sólo a la negociación sino también al resto de pasos. Así, el Ejecutivo fija por primera un plazo para la denuncia previa de los convenios antes de que finalice su vigencia, que se establece, salvo pacto en contrario, en los tres meses.
Una vez denunciado el convenio, el Gobierno establece un límite de un mes para constituir la comisión negociadora. A partir de entonces, habrá un periodo de quince días para iniciar formalmente la negociación.
Por su parte, el máximo de 20 meses para la negociación del nuevo convenio empezará a contar desde el momento de su denuncia. Durante este tiempo, empresa y trabajadores podrán ir adoptando acuerdos parciales para modificar algunos de los contenidos que se están negociando. Sin embargo, transcurrido este plazo, si no hay acuerdo, las partes de la negociación en las que haya discrepancia y que no se hayan resuelto a través del arbitraje o la mediación se mantendrán tal y como establecía el anterior convenio colectivo.
La reforma insta también a las organizaciones sindicales y empresariales a incluir en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal y autonómico, como el de negociación colectiva, los procedimientos de aplicación general para la resolución de las discrepancias existentes tras la negociación del nuevo convenio.
Dentro de estas disposiciones, el Ejecutivo subraya que se deberían de incluir "el compromiso previo de someter las discrepancias de un arbitraje vinculante", en cuyo caso, el laudo tendría la misma eficacia jurídica que el convenio.
FLEXIBILIDAD INTERNA
Por otro lado, la reforma establece que, salvo que las partes acuerden los contrario, las empresas dispondrán de un 5% de la jornada de trabajo para distribuirla de forma "irregular" a lo largo del año. Ésta es una de las medidas con las que el Ejecutivo quiere "contribuir a la flexibilidad interna de las empresas", para favorecer su competitividad. Sin embargo, es un porcentaje inferior al que reclamaban los empresarios.
Donde sí que hay un cierto acercamiento a la postura de la patronal es en el refuerzo de los convenios de empresa, aunque también era algo que reclamaban los sindicatos. Así, el borrador elaborado por el Gobierno establece que los convenios de empresa tendrán prioridad de aplicación sobre los sectoriales o de otro ámbito en materia de salario base y complementos salariales.
También será prioritario el convenio de empresa en lo relacionado con el abono o la compensación de horas extraordinarias, así como la fijación del horario o la distribución del tiempo de trabajo, la adaptación del sistema de calificación profesional de los trabajadores, las modalidades de contratación y las medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Asimismo, el Gobierno fija una serie de materias que no podrán incluirse en los convenios autonómicos, como el periodo de prueba, las modalidades contractuales, la clasificación profesional, la jornada máxima de trabajo, el régimen disciplinario, las normas de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
COMISIONES PARITARIAS
El borrador del Ejecutivo refuerza también el papel de las comisiones paritarias, a las que establece la capacidad de atender los conflictos relacionados con la interpretación del convenio y la posibilidad de adaptarlo o modificarlo. En este caso, la comisión podrá atender a la resolución de las discrepncias una vez concluido el periodo de consultas para modificar los convenios o inaplicar el régimen salarial.
En el caso de conflictos relativos a la interpretación o aplicación del convenio, la reforma establece que, antes de poder plantearse un conflicto, tanto judicial como extrajudicial, deberá intervenir la comisión paritaria para tratar de resolverlo. Estas resoluciones de la comisión paritaria tendrán la misma eficacia jurídica que los convenios.
Asimismo, durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes podrá someter las discrepancias que surjan a la comisión paritaria del convenio.
Por otro lado, la reforma establece la creación de un Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva, que sustituya a la actual Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y que, entre otras funciones, incluya el asesoramiento y consulta, así como la elaboración de un informe anual sobre negociación colectiva, salarios y competitividad.
Asimismo, constituirá un grupo técnico de trabajo de carácter tripartito con representantes de los interlocutores sociales y del Ministerio de Trabajo e Inmigración que analizará la situación actual de la vigencia de los convenios.
EL GOBIERNO VE RECEPTIVIDAD EN LOS PARTIDOS
El Gobierno afirmó hoy que ha encontrado "receptividad" entre los grupos del Congreso al borrador del proyecto de reforma de la negociación colectiva, con el que ha tratado de redactar "un acta notarial completamente fiel del acuerdo no escrito" que alcanzaron empresarios y sindicatos. Sin embargo, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, reconoció también que "es muy pronto" para saber con qué apoyos parlamentarios contarán, en declaraciones a los medios, tras cerrar con el BNG la ronda de contactos, en la que también ha participado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
La secretaria de Estado confió en que todos sus interlocutores hayan podido valorar que el borrador "pretende ser ese acuerdo que no fue" y "llevar a un texto de ley algo que querían empresarios y sindicatos y que finalmente se les rompió" por "la razón que fuera", zanjó.
De los grupos han recibido "atención y dudas técnicas", incluido el PP, que por el momento ha declinado comentar qué le parece el texto, y al que Rodríguez encontró "totalmente receptivo", según dijo.
ROSELL EXPRESA LA DECEPCION DE CEOE
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, aseguró que el borrador de la reforma de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo es "decepcionante" y está "bastante desequilibrado" a favor de los sindicatos CCOO y UGT.
Este es la opinión que esta tarde ha expresado Rosell en rueda de prensa, donde ha comparecido acompañado del presidente de CEPYME, Jesús Terciado, y del secretario general de la CEOE, José María Lacasa.
Según destacó, esto se debe a que Trabajo no ha recogido los "principios de acuerdo" que la CEOE logró con CCOO y UGT antes de que las dos partes dieran por rotas las negociaciones el pasado 2 de junio, lo que ha llevado al Gobierno a legislar unilateralmente. Estos puntos de consenso que han sido "olvidados" en el texto de Trabajo son los referidos a dar mayor protagonismo a los convenios de empresa, a la utilización de sistemas extrajudiciales para resolver conflictos laborales o al absentismo, precisó el presidente de la CEOE.
Al respecto, Rosell descartó que el Gobierno no los haya incorporado por "mala fe". El Ejecutivo ha escrito en su propuesta lo que "ha creído oportuno, pero de manera desequilibrada", insistió Rosell.
El presidente de los empresarios resaltó que a la CEOE no le gusta "ni la música ni la letra" de lo propuesto por Trabajo porque ni resuelve problemas ni va en la dirección de arreglar los problemas que "día a día" tienen los empresarios.
Sin embargo, Rosell quiso dejar claro que la CEOE va a acatar la regulación que se apruebe definitivamente. Entretanto, la CEOE va a mantener contactos con los diferentes grupos parlamentarios de cara a la posterior tramitación parlamentaria del decreto ley.
De acuerdo con los cálculos de Rosell, no estará aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados hasta septiembre, plazo que, consideró, debe aprovechar la CEOE para intentar que los partidos recojan sus demandas vía enmiendas al texto.
En este sentido, recordó que el "caballo de batalla" para los empresarios es que la futura norma sirva para impulsar la flexibilidad interna en las empresas. Esto ha de suponer que, dependiendo de la demanda, un empresario pueda reducir o aumentar los turnos de trabajo o las horas extras, explicó el máximo dirigente de la CEOE. "No pedimos reformar para el beneficio exclusivo de las empresas, sino en beneficio del país", concluyó Rosell, que expresó su esperanza en que el Gobierno rectifique de aquí al viernes.
SINDICATOS: UNA REFORMA SIN ACUERDO, PAPEL MOJADO
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, han asegurado que la reforma de la negociación colectiva, que aprobará el viernes el Gobierno, corre el riesgo de quedar en "papel mojado" si patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo en algunos de sus aspectos.
En una entrevista en "Los Desayunos" de TVE, los responsables sindicales han coincidido en que es una "mala noticia" que sea finalmente el Gobierno quien legisle, porque se trata de una materia que debería quedar reservada a la patronal y a los sindicatos.
Toxo ha recordado que "todo lo que ha nacido por la vía de la imposición apenas ha funcionado", en referencia a la reforma del mercado de trabajo que el Gobierno aprobó sin que tampoco hubiera acuerdo entre patronal y sindicatos.
Toxo y Méndez, que recibieron el martes el borrador del decreto que aprobará el Consejo de Ministros, admitieron que mantiene "puntos de equilibrio interesantes", aunque hay otros temas "que les gustan menos", sin precisar cuáles.
El líder de CCOO ha dicho que en lo que respecta a la aplicación de la flexibilidad interna en la empresa, la norma "abre un gran campo" que requerirá que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo a la hora de adoptar medidas como el cambio de horarios, funciones o los traslados.
El borrador del decreto establece que las cuestiones de flexibilidad interna se diriman en las comisiones paritarias, en las que necesariamente se tienen que poner de acuerdo empresarios y trabajadores.
