La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no renuncia a que el Gobierno atienda su petición de rebajar las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social e insiste en que esta medida, que debe adoptarse con carácter "inmediato", es "imprescindible" para fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo.
Así lo plantea la organización empresarial en el borrador de propuestas para el Plan Nacional de Reformas 2015 que ha elaborado a petición del Gobierno y al que ha tenido acceso Europa Press.
La rebaja de cuotas empresariales no es la única propuesta en el plano "fiscal" que hace la patronal en este documento. Así, la CEOE ve "urgente" la necesidad de coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como en la supresión de muchos impuestos autonómicos, la mayoría de carácter medioambiental.
La patronal denuncia que estos tributos, creados en los últimos años, "están provocando una verdadera ruptura del mercado interior y comprometiendo la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los que afectan".
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la CEOE subraya que algunas de las medidas adoptadas en la reforma de este impuesto, como la limitación de gastos de publicidad y de los intereses deducibles y las provisiones por depreciación de activos, "ahondan en la separación, cada vez más acusada, entre resultado contable y base imponible".
En este sentido, aboga por "reconsiderar" el diseño de este tributo para que la base imponible se equipare al máximo al resultado contable, "que es el mejor indicativo de la capacidad económica empresarial".
Para la CEOE, una manera eficaz de luchar contra el fraude fiscal sería la de reducir la "excesiva complejidad" del sistema tributario y sus cargas administrativas. En su opinión, las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir el fraude en el marco de la nueva Ley General Tributaria (lista de morosos y modificación de las facultades de la inspección tributaria son "insuficientes".
En este punto, apuesta por complementarlas mediante la mejora de las fórmulas de colaboración con la Administración para reducir la "excesiva litigiosidad", introduciendo un procedimiento de arbitraje en el ámbito tributario.
La organización defiende además la necesidad de eliminar los obstáculos fiscales y administrativos a la fusión y adquisición de empresas mediante la ampliación y mejora el régimen fiscal especial relativo a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Adicionalmente, cree que en el Impuesto sobre Sociedades se podrían ampliar y mejorar los incentivos fiscales que favorezcan una mayor dimensión de las empresas.
"MAS AMBICION" EN LA REDUCCION DEL DEFICIT PUBLICO
En otro orden de cosas, la CEOE afirma en su documento que, si se consolida e incluso se intensifica el crecimiento económico, sería "oportuno" abordar un plan "más ambicioso" de reducción del déficit público porque éste es, junto al paro, "una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española". Eso sí, precisa que la consolidación fiscal no debe ser un obstáculo para seguir avanzando en la reforma del sector público.
En el ámbito del transporte, la patronal vuelve a demandar una Ley de Huelga que regule los servicios mínimos y mayores avances en la gestión privada de las empresas públicas. Pide también garantizar la competencia efectiva en los servicios de transporte por ferrocarril e igualdad de trato entre los diferentes operadores y modos de transporte.
Entre sus propuestas, la CEOE también plantea un "serio y decidido" impulso a las actividades de rehabilitación de edificios, que considera un motor para el empleo; a la inversión pública en infraestructuras, y a las políticas industriales, con la continuidad de los planes PIVE, PIMA Aire y PIMA Tierra.
La patronal se muestra además a favor de una ley de segunda oportunidad para los autónomos, de establecer sanciones como instrumento para reducir la morosidad, de recortar las cargas administrativas y reducir los niveles de judicialización, y de aumentar la exención de las tasas judiciales para las personas jurídicas hasta los 6.000 euros y mantenerlas en el caso de las personas físicas.
