El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se ha mostrado este martes dispuesto a adelantar a octubre el pago a España de parte las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para paliar los efectos de la sequía "si la situación lo justifica" y se respetan todas las condiciones exigidas.
"La Comisión utilizará todos los instrumentos a su disposición para España o para Portugal o para otros Estados miembros que lo pidan de forma argumentada", ha explicado Ciolos en rueda de prensa tras el Consejo de Agricultura de la UE. Bruselas examinará "caso por caso" las peticiones de los Estados miembros afectados por la sequía y "dará una respuesta" lo antes posible, ha agregado.
La delegación española ha pedido adelantar a octubre el pago de parte de las ayudas directas de la PAC y flexibilizar la concesión de otros apoyos a la ganadería, con el objetivo de que los afectados por la sequía tengan acceso a unos 5.000 millones de euros en ayudas antes de diciembre, que es cuando se conceden cada año.
La petición será estudiada en detalle en los próximos días por los servicios del comisario y trasladada al comité de gestión competente para examinar a nivel de expertos si el caso está justificado y cumple las condiciones para dar vía libre al adelanto de las ayudas, han precisado fuentes comunitarias.
Con este movimiento, España se ha sumado a Portugal que quiso llevar el problema de la sequía a la reunión de ministros europeos para reclamar que se activen los mecanismos europeos posibles para ayudar al sector. Otros siete países han respaldado la iniciativa, incluido Francia, Italia, Grecia, Chipre, Hungría, Rumanía y Eslovenia.
"Las respuestas posibles son conocidas, si la situación lo justifica: un adelanto de los pagos directos al 16 de octubre si los controles sobre el terreno están listos o diferentes vías de ayudas de Estado adaptadas a la situación", ha explicado el comisario de Agricultura, aunque no ha precisado cuándo se tomará la decisión.
A medio plazo, Ciolos ha explicado que se podrán movilizar fondos destinados al desarrollo rural "para restablecer la capacidad de producción cuando se ha visto afectada por las catástrofes naturales".
España y Portugal han pedido juntos una solución a la UE, pero sus peticiones son diferentes. En el caso luso, las autoridades han solicitado poder doblar de 7.000 a al menos 15.000 euros las ayudas públicas nacionales que podrían conceder a los damnificados sin esperar la autorización formal del Ejecutivo comunitario.
Esta posibilidad está sobre la mesa pero no es una medida que contemple España porque cuenta con un sistema de seguros "muy potente" en el que el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas han hecho un "esfuerzo" para dar cobertura al sector, según ha dicho Arias Cañete en declaraciones a la prensa previas a la reunión.
