La Comisión Europea ha reclamado este martes a la multinacional estadounidense Apple que devuelva 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.
El Ejecutivo comunitario ha concluido que Irlanda concedió ventajas fiscales ilegales a la multinacional de Tim Cook que le permitieron pagar "sustancialmente menos" impuestos que otras empresas, un trato "selectivo" según Bruselas que otorgó una "ventaja significativa" a la compañía de la manzana.
Por ese motivo, Bruselas ha exigido a Irlanda que recupere un total de 13.000 millones de euros más intereses, que corresponden al periodo comprendido entre 2003 y 2014.
La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha recordado que las normas comunitarias impiden a los Estados miembros conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. "La investigación de la Comisión concluyó que Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a Apple (...). Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003 que bajó hasta el 0,005% en 2004".
Este dictamen llega seis días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Bruselas de actuar como una "autoridad fiscal supranacional", a raíz de las investigaciones contra multinacionales como Apple, Fiat o Starbucks.
La Comisión Europea respondió que no haría una excepción con la compañía de la manzana y que las normas comunitarias impiden conceder ventajas fiscales a una empresa sin que estén disponibles para sus competidores.
IRLANDA RECURRIRA
El ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, dijo hoy que su país tiene intención de recurrir el dictamen de la Comisión Europea (CE), que ha ordenado a Irlanda cobrar 13.000 millones de euros a Apple por ventajas fiscales ilegales.
Noonan, en una declaración, expresó su desacuerdo con la decisión de las autoridades comunitarias, por lo que no tiene más opción que apelar ante la Justicia comunitaria.
"Esto es necesario para defender la integridad de nuestro sistema fiscal, aportar certeza fiscal a los negocios y desafiar la usurpación de las reglas de ayuda comunitarias en la competencia fiscal de un estado miembro soberano", agregó el ministro.
