El Gobierno de Bolivia confió hoy en mantener la próxima semana un encuentro "cordial" con la eléctrica española Iberdrola, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas ayer, una medida que fue respaldada por campesinos leales al mandatario y criticada por la oposición.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, señaló que el Ejecutivo espera la llegada a Bolivia, la semana que viene, de representantes de Iberdrola, compañía que ayer manifestó que espera que Bolivia "pague el valor real" de las cuatro filiales expropiadas.
"Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes", sostuvo Sosa en una entrevista con el canal estatal.
Agregó que el decreto de expropiación que presentó ayer por sorpresa Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones, cuyas oficinas fueron intervenidas por más de 700 militares y policías tras presentar Morales el decreto.
Morales sorprendió ayer con esta medida, que se produjo siete meses después de la nacionalización de las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación económica.
Sosa reiteró hoy que con la nueva expropiación se pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas urbana y rural de La Paz y Oruro, pues mientras en las ciudades el coste promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatio/hora, en el campo sube hasta los 1,59 bolivianos (0,23 dólares).
Explicó que se destinará un 15 % de las ganancias de Electropaz, que el año pasado superaron los 11 millones de dólares, para nivelar las tarifas, aplicando una suerte de subvención a los costes en el área rural para no tener que subir el precio del servicio en las urbes.
"Iberbolivia (la filial de Iberdrola) está prestando un servicio de distribución y tiene fin de lucro, lo que le interesa es ganar. Y en el caso del Estado nacional, no tenemos esos fines de lucro; lo que queremos es garantizar la continuidad del servicio tanto en calidad como en una tarifa que sea equitativa", añadió.
Las instalaciones de las empresas expropiadas en La Paz y Oruro amanecieron hoy en calma custodiadas por las fuerzas de seguridad del país y sin que se hayan reportado incidentes respecto del suministro eléctrico.
La medida ha sido respaldada por campesinos de La Paz leales al Gobierno, que pidieron que se haga efectiva la rebaja de los costes del suministro energético en esas áreas.
"En el campo el costo era casi el triple de lo que cobran en las ciudades y eso que en el campo no hay televisión, no hay duchas, no hay computadoras, pero se paga más. Por eso estamos agradecidos con el hermano Evo Morales", dijo a la agencia estatal ABI el dirigente campesino de la provincia Omasuyos, Adrián Mamani.
Empresarios bolivianos y expertos han criticado la nueva expropiación porque consideran que es una mala señal para los inversionistas extranjeros.
El líder de la centrista Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta de la red social Twitter que "cada vez que el Estado Plurinacional nacionaliza, aleja más la inversión extranjera y ahora se entiende por qué no hay ley de inversiones".
Entretanto, otros opositores opinaron que la medida es una cortina de humo con la que el Gobierno pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos.
La diputada oficialista Betty Tejada refutó hoy a los opositores al asegurar que están mezclando dos temas diferentes, pues la expropiación es "una política de Estado" y "el Gobierno y el MAS (Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales) no improvisan".
"El poder igualar una tarifa de electricidad tanto para el área urbana como para el área rural sin estar sumando sólo la ganancia y el mercado (...) es un gran logro para la población", afirmó Tejada en declaraciones a la radio estatal.
El Gobierno "lamenta" nacionalización y pide una indemnización "justa"
El Gobierno español ha lamentado la nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola anunciada este sábado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y ha pedido una "justa" indemnización para los accionistas de estas compañías.
"España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas", señala el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Así, el Gobierno aprovecha para expresar que "las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común".
En el mismo decreto por el que se nacionalizan estas cuatro empresas --dos distribuidoras eléctricas y dos empresas de servicios-- se prevé que una tercera parte independiente evalúe en un plazo de 180 días el precio de las acciones de las compañías nacionalizadas y determine así la cantidad que deberá abonar el Estado boliviano a Iberdrola.
En ese sentido, el Gobierno ha manifestado que espera que el proceso "se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado". Asimismo, España señala que "la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia".
El Gobierno recuerda además que estas cuatro empresas "prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano".
