BFA y Bankia han depositado en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones de euros que impuso el juez Fernando Andreu el pasado mes de febrero y reclamarán que respondan con su patrimonio a los cuatro exconsejeros que están igualmente obligados a prestar la fianza de forma solidaria, Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recordaron que BFA y Bankia están, a partir de ahora, legitimadas para reclamar su parte a los exconsejeros, ya que hasta el momento ninguno de ellos ha depositado cantidad alguna para abonar la fianza.
Las dos entidades, que cumplen así el mandato del juez, han hecho efectiva la fianza mediante transferencia del importe a la cuenta designada por el juzgado. De las varias alternativas que permite la ley, esta operativa es más sencilla e implica menos costes que cualquier otra.
El pasado 13 de febrero, juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones de euros a Bankia, a su matriz BFA, al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
En su auto, el magistrado daba un plazo de un mes a la entidad, a BFA -por su condición de accionista único- y a los antiguos consejeros para que depositasen este dinero, que tiene como objetivo asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa y advertía de que, de no hacerlo, decretaría el embargo de sus bienes hasta cubrir 800 millones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 consideraba que se había podido cometer un delito de falseamiento de cuentas en virtud del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, del que se desprende que "con toda rotundidad los estados financieros contenidos en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad". A su juicio, la pericial que elaboró, a petición de la entidad, el experto Leando Cañibano no contradecía esta idea.
Según el juez, el importe de 800 millones de euros era "proporcionado, adecuado y justificado" al tratarse de una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios, que alcanzó los 1.800 millones, y a la que debe sumarse el tercio establecido por la ley.
