La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente la demanda de la Federación Agroalimentaria de CCOO y condena a Panrico a no llevar a cabo 156 despidos que la compañía de bollería tenía previstos para los años 2015 y 2016, de ellos una veintena en Madrid, según figura en la sentencia sobre el despido colectivo.
En el fallo, la Audiencia Nacional también asegura que no se ajusta a Derecho la decisión de Panrico de diferir el pago de la indemnización hasta su tope legal (20 días año y máximo de 12 mensualidades) y abonarla de forma parcelada en 18 mensualidades, en el caso de los trabajadores afectados.
La Audiencia Nacional ha desestimado el resto de las pretensiones de la Federación Agroalimentaria de CCOO.
Los 156 trabajadores que la empresa tenía previsto despedir en 2015 y 2016 corresponderían a las divisiones de logística, ventas y distribución en distintas ubicaciones de la compañía.
Panrico inició en octubre de 2013 un procedimiento de despido colectivo de 139 trabajadores en Murcia; 20, en Paracuellos (Madrid); 41, en Puente Genil (Córdoba); 39, en Sevilla; 234, en Santa Perpetua (Barcelona); 48, en Esplugues (Barcelona); 54, en Valladolid; y 7 en Zaragoza, lo que suma un total de 582.
El total se elevaba a más de 730 despidos, incluidos los 156 previstos para 2015 y 2016, que ahora el fallo condena a Panrico a no realizar.
La empresa aseguró durante el procedimiento que tenía unas "perdidas notables en los últimos ejercicios" y que, excluyendo los gastos por deterioro de activos, las acumuladas en el periodo 2008-2012 fueron de más de 200 millones de euros.
Explicaba que, solo en 2012, las perdidas antes de deterioro de activos alcanzaron los 50 millones, una cantidad que se esperaba fuera mayor en 2013.
Por otra parte, la sentencia recoge que Panrico aclara que la venta de Artiach se cerró en 61 millones de euros de los que 2 millones se destinaron a cubrir los gastos de los asesores que intervinieron en la operación; 1 millón, para una "provisión" para posibles reclamaciones; y otro millón, en concepto de devolución al comprador de un ajuste pactado al precio original.
De los restantes 57 millones, 30 millones fueron destinados al repago de la deuda que tenía la sociedad con sus prestamistas, fondos vinculados a su accionista principal en aplicación de los contratos de financiación que vinculan a Panrico y a dichos fondos.
Los otros 27 millones, a pesar de que contractualmente debían haber sido aplicados a la amortización de deuda, finalmente fueron destinados a Panrico para financiar la propia operativa del negocio de la compañía.
La sentencia detalla que, según los sindicatos, la retirada de 30 millones de euros -"por muy comprometidos que estuvieran con el auténtico accionista principal (Oaktree)- implicaron la retirada de relevantes recursos de tesorería, que provocaron las dificultades de liquidez, y circulante, y no los elevados costes laborales, en que ha entrado Panrico".
