En el primer mensaje televisado de su presidencia desde el Despacho Oval, el presidente Obama transmitió a la ciudadanía la gravedad de la situación en el Golfo de México, pero a la vez, también quiso infundir esperanza a las víctimas, y a la nación en su conjunto, asegurando que muy pronto se pondrá fin al derrame de petróleo.
"Hemos ordenado a BP la movilización de equipamiento y tecnología adicional. En los próximos días y semanas, estos esfuerzos deberían capturar el 90% del petróleo que se vierte del pozo", dijo Obama. "Esto será hasta que la compañía acabe de perforar un pozo de alivio más tarde en el verano que se espera ponga fin al escape completamente".
En su discurso, de unos 20 minutos de duración, el inquilino de la Casa Blanca reiteró una vez más que British Petroleum, la petrolera responsable de la plataforma donde se produjo el accidente, pagará la totalidad del coste generado por esta catástrofe, que calificó del "peor desastre ambiental en la historia de los EEUU".
El presidente ofreció dos novedades en su mensaje. La primera, que Michael Bromwich, un "duro fiscal federal", será el nuevo responsable de la Servicio de Gestión de Minerales, la agencia responsable distribuir los permisos de explotación de los pozos petroleros, y de hacer cumplir las regulaciones.
Obama reconoció la corrupción que ha carcomido el Servicio, cuyos reguladores "recibieron una ducha de regalos y favores" de la petroleras a cambio de que ellas dictaran las normas. La principal tare de Bromwich será poner fin a esta cultura, diseñar nuevas normas de seguridad, evitando que se repita un desastre parecido.
La segunda, que Obama instará al director ejecutivo de BP, con el que se reunirá mañana miércoles, a crear un fondo fiduciario "con todos los recursos necesarios para compensar los trabajadores y los empresarios dañados como resultado de la temeridad de la compañía". Según el presidente, el hecho de que este fondo sea "administrado por una tercera parte independiente" permitirá que todos las reparaciones sean efectuadas de forma rápida.
Además de las compensaciones, Obama quiere que BP pague el coste de un "Plan de Restauración a largo plazo" del Golfo de México, que será elaborado de forma conjunta por los "estados, las comunidades locales, tribus, pescadores, empresarios y ecologistas". Y es que, a pesar de el tono esperanzado del discurso, el líder afroamericano reconoció que las tareas de limpieza durarán "meses, e incluso años".
En un intento de convencer a la ciudadanía de que el gobierno ha hecho todo lo posible para contener los efectos del vertido, Obama recordó que unas 30.000 personas están trabajando en las tareas de limpieza, y que ordenó la movilización de 17.000 miembros de la Guardia Nacional.
Nueva ley de energía
La parte más controvertida de su discurso fue su apelación a aprobar una nueva ley de la energía que estimule el paso a una economía menos dependiente del petróleo, una propuesta que ya fue uno de sus mantras durante la campaña electoral, y a la que se oponen los republicanos. Un borrador de la ley fue ya aprobado por la Cámara de Representantes, pero la aprobación en el Senado se encuentra estancada.
"Una lección más importante [del vertido] es que, por mucho que mejoremos la regulación de la industria, explotar el petróleo hoy en día supone un mayor riesgo ... se nos están acabando las zonas de explotación superficiales en la tierra o el mar", dijo Obama.
Por esta razón, el presidente aseguró que "es la hora de adoptar un futuro de energía limpia es ahora", a pesar de que ello sea difícil, y sus costes elevados. "Algunos dicen que no podemos sufragar estos costes ahora. Yo digo que lo que no podemos soportar es no cambiar la forma en la que producimos y usamos energía, porque los costes a largo plazo para nuestra economía, nuestra seguridad nacional, y nuestro medio ambiente son mucho mayores".
El mensaje televisado desde el Despacho Oval, un recurso reservado tradicionalmente para anunciar guerras y para abordar grandes crisis, representa el último esfuerzo de la Casa Blanca para trasladar a la ciudadanía de que el vertido es la gran prioridad de la administración. Y es que cerca de un 70% de la población cree que el gobierno "no ha hecho todo lo posible" en la gestión de esta crisis.
