El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha pedido a PSOE e la Izquierda Plural que retiren sus enmiendas de devolución contra la reforma del Código Penal y se sumen al "clamor" contra el fraude.
Durante el debate de totalidad del proyecto de reforma del Código Penal, Ruiz-Gallardón ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".
Las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE e Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) serán previsiblemente rechazadas, dado que el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja.
En la defensa del proyecto, el titular de Justicia ha señalado que los cambios introducidos en el Código Penal potencian la figura de la "regularización" entendida como "pleno retorno a la legalidad", para después subrayar que la propuesta de "cobro voluntario" del Ejecutivo es "más estricta" que las promovidas anteriormente.
Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.
Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".
Asimismo, se ha referido a la "rebaja importante" de la pena contemplada en la reforma para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables.
En su opinión, este punto permitirá que el defraudador, una vez "pillado", pueda regularizar su situación por lo que, a su juicio, todos lo que tengan recursos para reparar el daño tendrán "patente de corso" para defraudar.
Además, ha dicho que la reforma es "probablemente anticonstitucional", ya que vulnera el principio de igualdad equiparando la conducta de los grandes defraudadores con la de pensionistas y parados que reciben indebidamente una prestación, ha asegurado.
Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".
"Por una parte va la propaganda y la publicidad y por otro la política del Gobierno", ha dicho para después añadir que la reforma es "deficiente, discriminatoria y criminalizadora".
Ruiz-Gallardón ha criticado que PSOE e Izquierda Plural se opongan al decreto porque recelan de que sea un Gobierno "de centro reformista" quien vaya a combatir la delincuencia "de guante blanco".
La reforma del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las "conductas más graves" en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán en un plazo de diez años (frente a los cinco actuales).
