Deforestación del Amazonas | Wikipedia
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Desastres medioambientales como el vertido del Exxon Valdez, la deforestación del Amazonas o el accidente nuclear de Fukushima podrían ser perseguidos como 'ecocidios' si prospera la petición respaldada por académicos, miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, empresas y ONG para que se incorpore como quinto crimen perseguido en la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

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La petición se ha realizado tras una Consulta Pública llevada a cabo por la oficina del Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan KC, pocas semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara a finales de febrero una nueva directiva sobre 'Delincuencia ambiental'.

En esa directiva se añadió entre otros delitos el comercio ilegal de madera o el agotamiento de recursos hídricos, así como sanciones o multas para empresas.

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Según Stop Ecocidio, quienes han respondido a la consulta destacan la limitada protección del medioambiente que ofrece actualmente el Estatuto de Roma, ya que se aplica a los actos cometidos en tiempos de guerra, y subrayan que la introducción de un nuevo crimen autónomo de ecocidio penalizaría casos más graves de destrucción del medioambiente tanto en tiempos de paz como de conflicto.

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Además, la incorporación del ecocidio como quinto crimen internacional "garantizaría" que las formas más graves de destrucción ambiental se "penalizaran al más alto nivel", actuando como elemento disuasorio mundial para "los posibles perpetradores que ocupan los altos cargos en los órganos de decisión", aseguran.

La copresidenta del Club de Roma, ha señalado que "ya existe la estructura necesaria para ello: la Corte Penal Internacional".

El reconocimiento del "ecocidio" en la CPI "es totalmente factible, con vías a seguir marcadas", y llena "un vacío evidente que ha permitido que los devastadores daños al medioambiente y al clima nos hayan llevado al borde del desastre", ha declarado.

En opinión del ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de la República de Vanuatu -una de las islas del Pacífico con graves impactos por la subida del nivel el mar-, los retos que plantean los daños medioambientales "deben abordarse con urgencia" y el Derecho Penal Internacional "puede desempeñar un papel clave a la hora de garantizar la justicia para las personas y la naturaleza".

Bélgica ha introducido el ecocidio en el Código Penal, mientras Brasil, Escocia, Inglaterra, Países Bajos, España (Cataluña) e Italia han ido avanzando en proyectos de ley.