Rocha nombra nueva Junta Directiva de la RFEF y convoca elecciones el 10 de septiembre

  • La Junta Directiva, en su primera reunión, y a propuesta de Pedro Rocha, aprobó que el próximo 10 de septiembre se convoquen las elecciones a la Asamblea General, Presidencia y Comisión delegada para el periodo 2024-2028
Rocha nombra nueva Junta Directiva de la RFEF y convoca elecciones el 10 septiembre
Rocha nombra nueva Junta Directiva de la RFEF y convoca elecciones el 10 septiembre |Europa Press

Nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado viernes, Pedro Rocha eligió este lunes a su Junta Directiva, el máximo órgano ejecutivo de la institución, con la presencia de un cuarenta por ciento de mujeres entre los veinte miembros, y convocó elecciones para el próximo 10 de septiembre.

De este modo, 12 hombres y 8 mujeres compondrán el órgano de gobierno federativo, que a través de un comunicado oficial explicó que dio un "paso más" para lograr la "igualdad real en el fútbol" y destacó la presencia de la exfutbolista extremeña María Ángeles García Chaves como vicepresidenta adjunta.

Elecciones para el 10 de septiembre

La Junta Directiva, en su primera reunión, y a propuesta de Pedro Rocha, aprobó que el próximo 10 de septiembre se convoquen las elecciones a la Asamblea General, Presidencia y Comisión delegada para el periodo 2024-2028, "iniciándose en esta fecha el periodo electoral".

La nueva Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol que preside Pedro Rocha cuenta como vicepresidenta adjunta con la exjugadora y entrenadora del Cáceres María Ángeles García Chaves, y con miembros de la Comisión Gestora, expedientados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) igual que Rocha por haberse extralimitado en sus funciones presuntamente.

Entre ellos están los vicepresidentes Pablo Lozano Dueñas (presidente Federación Andaluza), Joan Soteras Vigo (presidente Federación Catalana), Rafael Louzán Abal (presidente federación gallega), Rafael del Amo Arizu (presidente de la Federación Navarra, responsable de fútbol femenino y sustituto de Rocha en la gestora) y Alejandro Morales Mansito (presidente de la Federación de Tenerife).

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Serán vocales,y anteriormente también miembros de la Gestora, José Ramón Cueto Lobo (presidente de la Federación de Asturias), José Ángel Peláez Montes (presidente de la Federación de Cantabria), Josep Sansó Nicolau (anterior vocal de la junta directiva de la RFEF), Luis Medina Cantalejo ( presidente del Comité de Árbitros), David Gutiérrez Sáiz (presidente del Comité de Entrenadores), Thais Henríquez Torres (doble medallista olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012 en natación artística e integrante del Observatorio de Igualdad de la RFEF) y Eduardo Bandrés Moliné, quien continuará como tesorero.

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Antonio González Fernández, Olga Ventaja Cruz, Eva María Prieto Aguado, Marta Frías Acedo, Olga María Chaves López y Montserrat Altamira Mas serán los otros vocales que no estaban en la Comisión Gestora.Rocha, tras ser proclamado presidente el pasado día 26 como único candidato, ha nombrado a su junta directiva un día antes de que la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) se reúna de nuevo para estudiar la situación en la RFEF y decidir sobre posibles sanciones de acuerdo al expediente abierto por el TAD.

El CSD ya decidió la semana pasada crear una comisión de Supervisión, Normalización y Representación para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la RFEF, decisión sobre la que la FIFA y la UEFA han pedido explicaciones ante una posible injerencia gubernamental.

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha respondido que sería irresponsable no hacer nada, mientras sigue creciendo el daño a la reputación, al buen nombre o a la imagen del fútbol español y de España.

En su carta Rodríguez Uribes recuerda a la FIFA y la UEFA que "la vigente Ley del Deporte en España (Ley 39/2022, de 30 de diciembre) indica en su artículo 1.2 que 'corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran de interés general del Estado'".