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El juez Santiago Pedraz ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha decretado asimismo el ingreso en prisión sin fianza para el presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, mientras que al secretario de ese organismo, Ramón Hernández Baussou, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros para salir de prisión, todo ello tras tomar declaración a los cuatro durante todo el día de hoy.

DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ

Los detenidos han sido conducidos a la Audiencia Nacional tras su arresto el pasado martes en la operación Soule, en la que se les acusa de lucrarse en beneficio propio con las arcas del ente federativo.

Según informa la Audiencia Nacional, el juez acuerda esta medida en un auto ante la gravedad de los delitos -administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares-, lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, "máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen", así como la posibilidad de obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación obtenida en los registros, según informa EFE.

En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros, según informa Europa Press.

A lo largo de 44 folios el magistrado apunta que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".

Todos ellos han prestado declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.