La oposición ve confuso el plan de desescalada y PP y Vox podrían rechazar una prórroga del estado de alarma

Pablo Casado
Pablo Casado |Redacción

El plan de desescalada propuesto por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso, impreciso e incluso de erróneo.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que no exista "un calendario nítido" en el plan de desescalada porque los ciudadanos necesitan "certezas y esperanza". Un plan, que para la portavoz del PP, se ha elaborado además sin una "una radiografía exacta y precisa" de la pandemia por la falta de test masivos para detectar el Covid-19.

No informó a Casado

Alvarez de Toledo, ha dejado en el aire si el PP apoyará o no la nueva prórroga del estado de alarma a partir del 10 de mayo, al tiempo que ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no informe a Pablo Casado, que es el jefe de la oposición y líder del partido que gobierna en varias autonomías y ayuntamientos que tienen que aplicar las medidas decretadas con el coronavirus.

Ha criticado, además, que Sánchez no mantenga una "coordinación" con el jefe de la oposición y se dedique a "pedir que los demás arrimen el hombro" mientras "él da la espalda a los demás" cuando "hay que tomar decisiones fundamentales".

"Ni GPS ni timón"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, consideró que el presidente del Gobierno, va “sin rumbo” y por eso en su comparecencia para anunciar el plan de desescalada “ha dedicado más de una hora a proclamar imprecisiones”. “Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos”, denunció el ‘número dos’ de Pablo Casado.

Mientras, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía cree que "es casi imposible que el Gobierno Sánchez acabe la legislatura", según asegura en una entrevista en La Vanguardia.

Vox: Un plan sin sentido

Desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros ha sostenido que el plan "no tiene ningún sentido" y ha reiterado la necesidad de que existan "parámetros comprobables" para llevar a cabo el desconfinamiento y no que dependa exclusivamente de la "arbitrariedad" del Ejecutivo.

Espinosa de los Monteros ha explicado que no ve mal que las medidas de confinamiento se vayan aliviando en cuatro fases o su delimitación por provincias, pero ha criticado que no haya "datos mensurables" para que cada territorio pueda ir realizando esos avances.

"Se ha hablado de dos semanas para cada fase, pero habrá territorios que solo necesiten días y otros más tiempo" y ha lamentado que, sin criterios objetivos, da la sensación de que cada territorio podrá ir superando fases por "una dádiva" del Gobierno. A su juicio falta la pieza más importante: Los test masivos para toda la población.

Arrimadas: Contradicciones y errores

También, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado las dudas que genera el plan del Gobierno así como las "contradicciones y errores" que, a su juicio, contiene y que espera que se corrijan.

"El plan se ha presentado sin consenso y sin garantizar el suministro masivo de mascarillas y test a la población. Espero que se corrijan errores y se busque el acuerdo para un plan eficaz que dé seguridad y reactive la economía", ha dicho.

Echenique lo explica

Por contra, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha aclarado que el plan es un esquema "en fases y no en fechas" y va en la dirección correcta, y ha restado importancia a las críticas porque, en su opinión, el Gobierno las va a recibir haga lo que haga.

"Lo único que hacen es criticar y proponer bastante poco", ha dicho Echenique en referencia a los partidos de la oposición, y ha remarcado que "lo prudente y lo sensato" es planear una desescalada en fases, sin dar fechas concretas, para evitar que se generen falsas expectativas

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este martes la decisión del Gobierno central de hacer el desconfinamiento por provincias: "Un grave error". A su juicio, el plan , es "centralización y menosprecio" a lo que ha pedido la Generalitat hasta ahora.