El Ministerio de Sanidad establece que las comunidades autónomas dispongan de los centros sanitarios privados para hacer pruebas diagnósticas y adopten las medidas necesarias para la regulación de los test para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.
Se intervienen los centros privados de análisis clínicos que han hecho pruebas a sus clientes previo pago.
Así se determina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se ha publicado este martes, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, obliga a los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes y notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronovirus que registren.
"Las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma establecerán los procedimientos y el circuito para cumplir con los objetivos y con las tareas de vigilancia y contención de la epidemia", se señala.
Limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 "a aquellos casos en los que exista una prescripción previa"
"Con el fin de reforzar el Sistema Nacional de Salud, se pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Esta puesta a disposición incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio", reza el texto.
También se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 "a aquellos casos en los que exista unaprescripción previapor un facultativoy se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente".
Finalmente, se establece la obligación de que las comunidades autónomas trasladen toda la información obtenida a Sanidad y la facultad del Ministerio para adoptar las medidas oportunas en base "a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión".
