Horas después de las palabras de Sánchez en el acto conmemorativo de los 100 días de Gobierno, desde Moncloa se aseguró que se suprimirá el aforamiento de los cargos públicos (gobiernos, diputados, senadores) excepto cuando la investigación judicial afecte al ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo, es decir, la reforma afectará a aquellos casos vinculados a conductas personales o hechos que no estén relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas.
Para ello se modificarán los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. También será necesario modificar otras leyes (como la Ley Orgánica del Poder Judicial) para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.
Aseguran desde el Ejecutivo que, próximamente, en el Consejo de Ministros se presentará un anteproyecto de Ley de reforma constitucional que tras recabar los informes precisos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), será debatido en el Congreso y Senado buscando el mayor consenso del arco parlamentario.
Una vez que el anteproyecto empieza su tramitación parlamentaria, si existe el suficiente acuerdo, Moncloa sostiene que en pocas semanas se puede culminar la reforma. De hecho, el presidente apuntó que si hay el respaldo necesario se podría realizar en 60 días. Esta reforma se hace por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de 3/5 del Congreso y del Senado.
Desde el Ejecutivo consideran que una vez limitados los aforamientos en la Constitución "no tiene sentido" que se mantengan en los Estatutos autonómicos.
