El Consejo de Estado alertó al Gobierno de que sus observaciones sobre el real decreto-ley que fija el instrumento para el reparto de los fondos europeos “tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.
El Consejo de Estado vertió su parecer en el informe fechado el 21 de diciembre, días antes de aprobarse en el Consejo de Ministro del 30 de diciembre el Real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que supone el instrumento para la captación de los fondos europeos de más de 140.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea.
El informe publicado este lunes por el Consejo de Estado era “demoledor” para el Ejecutivo, según Partido Popular y Ciudadanos, y por eso acusaban al Gobierno de no adjuntarlo como documentación dentro del expediente remitido a las Cortes para la convalidación del este real decreto. Finalmente, por la negativa de PP y de Cs a esta convalidación, a la que también se sumaron otros grupos socios parlamentarios del Gobierno como ERC, el real decreto-ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley gracias al voto favorable de Vox.
En el informe de 97 páginas, la institución que preside la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega señala que, una vez las “observaciones” de carácter “esencial” sean tenidas en cuenta, el texto del Ejecutivo podría elevarse para aprobación en el Consejo de Ministros.
El Gobierno, según fuentes consultadas por Servimedia, defiende que “la mayoría de las cuestiones que plantea ya fueron incorporadas al decreto ley” que finalmente recibió el visto bueno del Ejecutivo en el último Consejo de Ministros de 2020 y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados.
La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, lo considera "demoledor" y critica el "oscurantismo del Gobierno en relación con el reparto de los 140.000 millones de ayudas europeas".
La exministra ha señalado que el Gobierno debe dar explicaciones en sede parlamentaria sobre la "ocultación" de ese documento y ha exigido la comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, aseguró este lunes que el informe de Consejo de Estado supone un “suspenso rotundo y claro” para el Gobierno y destacó que pone “el dedo en la llaga” en la relajación de los controles del gasto público, en la eficiencia y asignación de los mismos. “Algo que venía denuncia Ciudadanos en todos los discursos que ha hecho respecto a este real decreto y cuando defendió la enmienda totalitaria con texto alternativo”, apuntó.
“Tendemos la mano Gobierno para colaborar para que se subsanen las deficiencias que ha visto en el real decreto ley”, exclamó. A pesar de ello, dijo que “con eso no basta”, y su partido ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la Comisión Constitucional para que explique por qué “no ha sido transparente” y ha metido el dictamen “en un cajón”.
