El juicio de los 'espías', visto para sentencia

El juicio por el presunto espionaje político a determinado ex altos cargos del PP de Madrid en 2008 ha quedado visto sentencia con el alegato final de los acusados.

Los acusados atribuyen la acusación a "un sucio montaje político, periodístico y policial" en el que han sido "víctimas de la corrupción política" y "del sistema" al ser vendidos como "carnaza" para "ocultar la verdad" que hay detrás de "detectives" que habrían sido contratos por "los dos grandes partidos políticos".

En su comparecencia final, José Oreja, Antonio Coronado, José Manuel Pinto y Luis Caro Vinagre han denunciado que la acusación está relacionada con "el bosque oscuro de la corrupción" implicando a los excomisarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que instruyeron el atestado y el exfiscal jefe Manuel Moix.

El PSOE y la Comunidad de Madrid mantuvieron su acusación al considerar que hay pruebas que acreditan los hechos producidos los meses previos al Congreso Nacional que celebró el PP en Valencia en junio de 2008. En cambio, la representante del Ministerio Fiscal reclamó la absolución de los seis acusados al afirmar que toda la causa se ha basado en unas informaciones periodísticas que no valen como carga probatoria.

Concluida la vista oral, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid ha hará entrega del objeto del veredicto al jurado Popular, que tendrá que deliberar sobre una serie de hechos objeto del juicio. En los próximos días anunciarán su veredicto de inocencia o culpabilidad.

El primero en hablar ha sido José Oreja, quien ha definido la causa como "un sucio montaje policial, periodística y político" y en la que asegura haber sufrido un "linchamiento" mediático en el que se ha retorcido la verdad". Y ha aseverado que ha quedado al descubierto la implicación directa de "las cloacas policiales".

En su intervención, ha desvelado que ha escrito sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para preguntarles cuánto dinero se han gastado las acusaciones para estar presentes en este juicio.

"La investigación policial es ilegal", ha aseverado haciendo alusión a la testifical del excomisario de la Udef Jaime Barrado, quien reveló posibles irregularidades de Moix y del exjefe de la Udef José Luis Olivera Serrano.

Según su versión, la Udef instó al fiscal a librar un mandamiento a Teléfonica para que diera datos sobre los posicionamientos telefónicos, una diligencia que no tenía autorización judicial. El acusado ha recalcado que el juicio se ha basado en una prueba "ilegal", que le ha causado una clara indefensión.

Además, ha mencionado frases que se le han quedado grabadas en la memoria como la que que en su día afirmó Barrado acerca de que "la Udef sabía que el PP espiaba", así como la que entonces manifestó uno de los detectives de la agencia Método 3, Francisco Marco, en alusión a que Ignacio González " e dio un lista de dirigentes que consideraba enemigos".

Este caso se investiga dentro de una de las piezas separadas del sumario de la operación Lezo, en el que está siendo investigado González. En concreto, se refiere a presuntas pagos del Canal de Isabel II a varias empresas, entre ellas la agencia de detectives Método 3.

"Esto es el bosque oscuro de la presunta corrupción", ha reseñado al tiempo que ha dicho que su conciencia está tranquila y ha apelado "a la buena conciencia" de los miembros del Jurado Popular, a quienes ha pedido empatía y sensibilidad.

A continuación ha tomado la palabra Antonio Coronado, quien de igual modo ha negado todos los delitos que se le imputan y ha reprochado que se le hayan denegado todas las pruebas que solicitó en instrucción para demostrar su inocencia. "Linchamiento injusto que lo ha sufrido mi familia. Todo ha sido un montaje. No he hecho seguimientos porque nunca han existido", ha aseverado con voz temblorosa.

Tras ello, ha cargado contra la investigación policial, la que ha calificado de "parcial, sesgada, falta de rigor, mal intencionada e incluso ilegal". "Me han destrozado la vía. Soy una víctima de la corrupción del sistema", ha concluido.

En su turno, José Manuel Pinto ha destacado que lleva toda la vida dedicada a los ciudadanos y ha reprochado al letrado de la Comunidad de Madrid que no preguntara nada a los mandatarios que han desfilado en el juicio.

"Le podría haber preguntado por qué no me dejaban trabajar, ir a mi puesto de trabajo... Por qué el Supremo condenó a la Comunidad por vulnerar mis derechos fundamentales y no me dejaron trabajar", ha censurado.

El técnico de seguridad ha dicho que su madre ha muerto porque "vio a su hijo en una televisión en un bar con un círculo rojo como si fuera un terrorista". "Mi familia ha sufrido. Destrozaron los estudios de mis hijos. Mi mujer tuvo que dejar de trabajar para que mis hijos no cayeran en picado. Gracias a dios, no pasó y estudiaron con el sueldo que me paga dignamente la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Al final, no ha podido contener las lágrimas cuando relataba cómo cada día tiene que tomar una pastilla por la ansiedad que le ha generado este proceso y ha rogado a los nueve miembros del tribunal del jurado que le declaren inocente.

Por su parte, Luis Caro Vinagre ha aseverado que "jamás" nadie le ordenó realizar seguimientos y que no participó en los mismos, indicando que se limitaban a labores de seguridad.

Además, ha recriminado que el letrado de la Comunidad de Madrid sacara en su escrito su condena por revelación de secretos por el chivatazo a Francisco Granados en el caso Púnica, lo que ha calificado de "mezquino, sucio, ruin y desleal con la propia Administración". Por ello, ha anunciado que solicitará amparo al colegio profesional que sea competente.

Sergio Gamón no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Mientras que Miguel Castaño se ha limitado a señalar que está en el banquillo porque Oreja dijo que la letra era suya. "Tenían que estar desesperados por los papeles e implicaron al que estaba jubilado. Y aquí me he quedado y aquí estoy", ha dicho.