El PP se querella contra Torra la víspera de la reunión del presidente catalán con Pedro Sánchez

El PP se querella contra Torra la víspera de la reunión del presidente catalán con Pedro Sánchez

Quim Torra se enfrenta a una nueva querella en los tribunales. La ha presentado el PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de "usurpación de funciones". En el escrito alegan que su empeño en mantenerse en el cargo como presidente de la Generalitat catalana supone una "grave perturbación" del orden constitucional y piden que se adopten medidas cautelares contra él.

La víspera del encuentro en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra, desde el Ejecutivo hablan de diálogo, pero rebajan las expectativas.

Insisten, como ya dijo la portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, que esperan que no esperan frutos a corto plazo de la reunión, ya que en temas de fondo como la cuestión territorial se encuentran muy enfrentados. Pero sí para recuperar la "normalidad institucional" al máximo nivel.

Desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pide a Torra que no renuncie a nada, le recuerda que fue elegido con un programa muy claro y dice que sería un éxito que de la reunión se saliera con Pedro Sánchez aceptando la celebración de un referéndum.

Los límites

Pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que insiste que el presidente del Gobierno tiene muy claro el límite constitucional, ya que lo ha dicho por activa y por pasiva, teme que Torra use la reunión para intervenir e interrumpir el debate abierto entre el Gobierno, el PSOE y ERC.

Moncloa sí confía en que el encuentro sirva como primer paso para convocar justo después la mesa de diálogo acordada con ERC, que es "lo importante", dice el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Pero PP y Ciudadanos insisten en exigir que el encuentro no se celebre. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido formalmente a Pedro Sánchez, que suspenda la reunión con Quim Torra, por "seguridad jurídica" y porque, dice, supondría instalarse en ilegalidad.