80 días para tramitar una amnistía que exige Puigdemont para más de 40 cargos
- El primer grupo de potenciales beneficiarios sería el de los prófugos del 1-O empezando por Puigdemont
- El Gobierno ya ha usado esta vía de urgencia en otros proyectos como la Ley del Solo sí es sí
Las exigencias de Junts para que Pedro Sánchez pueda repetir en La Moncloa han situado en el centro del debate político la posibilidad de elaborar una ley para amnistiar el 'procés'.
Entre los potenciales beneficiarios estarían los prófugos y condenados por el 1-O, como el ex president Carles Puigdemont y su ex 'número dos' Oriol Junqueras, y los cargos menores implicados en el referéndum ilegal.
El Gobierno se vería obligado a aprobar una ley de amnistía en un plazo récord de tan sólo 80 días.
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Si bien el Gobierno en funciones tiene limitada por ley su capacidad legislativa, la opción podría ser que un grupo parlamentario presentaría esa proposición no de ley y se tramitaría de manera urgente para cumplir los plazos exigidos por Puigdemont.
De admitirse ahora, el reglamento contempla el trámite de urgencia y podría estar lista en algo más de un mes, si bien, es cierto que el PSOE frenó en marzo de 2021 junto al PP y a Vox, una iniciativa de los grupos independentistas que reclamaban una ley de Anmistía. Entonces argumentaron que era algo inconstitucional.
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El Gobierno ya ha usado esta vía de urgencia en otros proyectos como la Ley del Solo sí es sí o la que reformó los delitos de sedición y malversación que se aprobó en un plazo de tan solo 31 días.
Los beneficiados
El primer grupo de potenciales beneficiarios es el de los prófugos del referendum independentista del 1 de Octubre, empezando por Puigdemont (procesado tras la derogación de la sedición por desobediencia y malversación), que lleva seis años fugado asentado en su residencia belga de Waterloo. Junto a él, verían extinguir sus presuntas responsabilidades penales los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huidos y procesados.
La amnistía de los sucesos que desembocaron en el 1 de octubre de 2017 también podría afectar a la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel, que estuvo fugada hasta el año pasado, cuando se presentó voluntariamente en el Supremo. Procesada por desobediencia, el alto tribunal envió su caso a la Audiencia de Barcelona.
El segundo gran grupo de hipotéticos agraciados serían los condenados por el 'procés', ya que el Gobierno les perdonó en 2021 las penas de cárcel que recibieron en 2019 por delitos de sedición y malversación, pero mantuvo vigentes sus penas de inhabilitación.
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De los 12 condenados, solo Junqueras, Romeva, Turull y Dolors Bassa siguen inhabilitados, ya que el Supremo extinguió las penas de inhabilitación recaídas sobre Carmen Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquín Forn tras revisar sus condenas debido a la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. En cuanto a los otros tres sentenciados por el 1-O --Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila--, ya purgaron sus penas.
Podrían presentarse a las elecciones catalanas de 2025
Según Miguel Presno Linera, experto en derecho constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo, una ley de amnistía "podría hacer que desapareciesen los hechos y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos", lo que implicaría que "quienes no han sido juzgados no lo puedan ser y que los condenados no cumplan sus penas", lo que incluiría las no indultadas.
En este escenario, Junqueras, que ahora mismo está inhabilitado hasta 2031, podría concurrir a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025, si finalmente la ley de amnistía reclamada por Junts viera la luz y recibiera el visto bueno del Tribunal Constitucional (TC).
