El Gobierno enmarcó este viernes en el "ámbito del Poder Judicial" la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al vicepresidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y a los ocho exconsejeros que declararon acusados de delitos de rebelión y sedición en relación con la declaración de independencia, y recalcó que España es un Estado de Derecho y esta decisión judicial "escapa" del "ámbito" de acción del Poder Ejecutivo.
