El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la prohibición de las corridas de toros que acordó la Generalitat catalana en 2010, al considerar que con aquella decisión invadió competencias estatales. El alto tribunal ha resuelto -por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra- que el ejecutivo catalán fue más allá de las atribuciones que le conceden las transferencias de gestión que ejerce en materia de espectáculos y de protección de los animales.
