Una mesa con técnicos procedentes tanto de la Comunidad de Madrid como de las asociaciones vecinales de la Cañada Real decidirá qué viviendas permanecen y cuáles son derribadas en este asentamiento ilegal, de acuerdo a un plano que refleje las limitaciones urbanísticas.
Este es el acuerdo alcanzado por los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, representantes de los tres ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada- y portavoces de las asociaciones de vecinos de la Cañada, en desacuerdo con el mapa edificable presentado por la Comunidad.
Este mapa, que se dio a conocer en el mes de diciembre, consideraba edificable un 20 por ciento del asentamiento, lo que implicaba que el 80 por ciento de las viviendas serían derribadas al contravenir limitaciones por ruido, acuíferos, zonas protegidas, o cableados de alta tensión, entre otras.
Ahora la mesa, que se creará de forma inminente, decidirá un nuevo plano en el que exista consenso sobre limitaciones como las de ruido, que suponen el 20 por ciento del total, según ha indicado a los medios el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada, Juan Antonio Martínez Páramo, que espera acordar un pacto regional en un trimestre.
Sin embargo, la portavoz de la asociación de vecinos del sector IV, Lidia Resani, ha sido muy crítica con el actual borrador, que, a su juicio, supondría derribar el cien por cien de las viviendas para realojar a los vecinos y ha adelantado que judicializarán cualquier acuerdo autonómico que no les convenza.
